Culiacán, Sin.- En medio de señalamientos por presuntos vínculos entre funcionarios de Sinaloa y el crimen organizado durante el proceso electoral de 2021, así como denuncias del gobierno de Estados Unidos, la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, María Teresa Guerra Ochoa, desestimó la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) por organizaciones civiles, al considerar que responde más a una estrategia política que a hechos con sustento.
La legisladora evitó pronunciarse directamente sobre los delitos señalados y optó por contextualizar el fenómeno de la violencia como una problemática estructural en la entidad e incluso darle un sentido histórico.
La denuncia, promovida por organizaciones como Defensorxs y el colectivo conocido como “Narcopolíticos”, apunta a 55 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos exgobernadores, alcaldes, diputados locales y federales, por presuntos delitos que incluyen narcotráfico, lavado de dinero, secuestro, delitos electorales y violencia durante el proceso electoral de 2021.
Sin embargo, para Guerra Ochoa, este tipo de señalamientos deben analizarse con cautela y sin amplificar narrativas que, dijo, pueden carecer de sustento.
“Yo creo que quienes estamos en el ejercicio del poder tenemos la responsabilidad no solamente de conducirnos con estricto apego a la ley, sino también no poner escucha a narrativas que a veces puedan no tener el sustento suficiente y que van mucho en una lógica de hacer ruido político”, afirmó.
Lejos de abordar directamente el contenido de la denuncia, la legisladora situó el tema en el terreno de la disputa política, al sugerir que detrás de estos señalamientos existe una estrategia de la oposición ante su debilidad territorial. En ese sentido, vinculó las críticas con un discurso más amplio que, desde su perspectiva, busca trasladar el conflicto a instancias internacionales.
“Entiendo que, como no hay fortaleza en territorio, apuestan -y lo ha dicho mucho la presidenta- a una intervención extranjera. Yo creo que lo que debiesen hacer es fortalecer su presencia en territorio. La fuerza, en un momento dado, a cualquier partido político te la da la sociedad”, sostuvo.
Al ser cuestionada sobre si existió algún tipo de cooptación del crimen organizado en el proceso electoral de 2021, Guerra Ochoa evitó responder de forma directa y, en cambio, enmarcó la violencia en Sinaloa como un fenómeno histórico, previo incluso al ascenso de Morena como fuerza política dominante en la entidad.
“Yo he crecido en Sinaloa, conozco bien este estado, y la verdad he visto, lamentablemente, cómo el crimen organizado fue extendiendo brazos. Esto no es de ahorita. En 2016, cuando Morena tenía apenas 4 por ciento de votación, ya había denuncias; en 2021 hubo incluso víctimas mortales de Morena. Es una situación compleja”, señaló.
En su argumentación, la diputada también subrayó la corresponsabilidad social frente a la violencia. Afirmó que no solo las autoridades, sino también la ciudadanía, tienen un papel en la forma en que se enfrenta o se tolera la presencia del crimen organizado en la vida pública.
“Yo siempre decía: ¿por qué no trabajamos en aislar socialmente a la delincuencia? Muchas veces sabemos quiénes son, pero no se les señala”, expresó. “Si realmente estas personas que se mencionan fueran delincuentes, no los mencionarían con nombre y apellido. A la política se le está diciendo porque están tratando de construir una narrativa política. A los que han sido siempre, se hace como que no lo son”.
Pese a desestimar la denuncia en términos políticos, Guerra Ochoa insistió en que cualquier señalamiento debe investigarse conforme a derecho, sin descartar la actuación de las autoridades competentes en caso de existir responsabilidades.
“Yo creo que la presidenta lo ha dicho: que se investigue todo, y si hay responsables, pues se debe actuar”, puntualizó.
Oposición exige investigar y sancionar posibles actos de corrupción
Desde el PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalles exigió que las autoridades investiguen posibles actos de corrupción y sancionen si hay responsables.
Desde la oposición, la postura contrasta con el señalamiento de minimización. La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI, Irma Guadalupe Moreno Ovalles, exigió que las autoridades realicen investigaciones a fondo, no solo por la denuncia presentada, sino también por los señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito de funcionarios, como el caso del exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega.
“Hoy más que nunca las instancias tienen que hacer su tarea, porque yo creo que han estado volteando para otro lado. La ley es muy clara. Y quizás no sea el único, eso no se hace solo. Aquí es importante que todas las instancias hagan su trabajo, realicen las investigaciones necesarias”, afirmó.
La legisladora subrayó que la corrupción tiene impactos directos en la vida pública, al desviar recursos que deberían destinarse a servicios básicos y bienestar social.
“Ya basta de hacer como que no pasa nada, de voltear a otro lado, porque eso es en detrimento de las y los ciudadanos de Sinaloa. La corrupción nos afecta a todas y a todos, porque ese dinero no llegó a una calle, no llegó a las escuelas para ponerles aires acondicionados a las niñas y a los niños, o para pagar pensiones”, expresó.
Con respecto a las investigaciones en Estados Unidos y los señalamientos contra actores políticos sinaloenses, la diputada insistió en la necesidad de esclarecer los hechos, sin que ello implique una persecución política.
“No es una cacería de brujas, pero aquí hay un señalamiento muy serio y lo mínimo es aclararlo con quien corresponda. Si hay algo que castigar, pues también. Sí yo fuera objeto de señalamientos y sé que no debo nada, voy y me presento, que me investiguen para que se esclarezca”, sostuvo.
El pasado 7 de mayo, el brazo jurídico de Defensorxs y Narcopolíticos presentaron una denuncia penal ante la FGR contra 55 funcionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Además de los 10 políticos señalados por EEUU, la denuncia fue presentada contra el exgobernador Quirino Ordaz Coppel; el exsecretario de economía, Ricardo “Pity” Velarde Cárdenas; 17 alcaldes morenistas; 23 diputados locales; y 5 federales de Morena.
Los delitos de los que se les acusa a los 55 funcionarios y exfuncionarios son delincuencia organizada, que va desde narcotráfico, lavado de dinero y secuestro), así como delitos electorales donde se acusó el uso de violencia, robo de urnas e intimidación armada en 2021.
Se solicitó a la FGR que atraiga las carpetas de Sinaloa y reconozca a Defensorxs como víctimas del narcoestado para acceder a la carpeta de investigación y así evitar carpetazos.
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