Culiacán, Sinaloa.- La alcaldesa de Culiacán, Ana Miriam Ramos Villarreal, comentó que hasta el momento no han recibido un comunicado formal respecto a la situación legal de Armando de Jesús “N”, quien desde abril de 2025 trabaja para el Ayuntamiento de Culiacán y que el día de ayer fue señalado por el Gobierno de Estados Unidos por ser un presunto operador financiero del Cártel de Sinaloa y encabezar una red de lavado de dinero ligada al tráfico de fentanilo.
La alcaldesa reconoció que hasta el momento el Ayuntamiento de Culiacán no ha realizado ningún tipo de investigación en contra del trabajador, ya que no han sido notificados de manera formal de que dicho servidor público enfrente un proceso legal por lavado de dinero o mantenga nexos con el crimen organizado en Sinaloa.
“—¿La investigación es del Órgano Interno de Control o quién se encargará de analizar esta situación?
—Una vez que nosotros tengamos una notificación formal, ya procederemos.”
Ramos aseguró que el trabajador no pertenecía al padrón de trabajadores sindicalizados y que, antes de ser contratado, había aprobado todos los filtros que los aspirantes deben cumplir para ingresar al Ayuntamiento. Entre estos requisitos estaba la presentación de una carta de no antecedentes penales, misma que Jesús Armando presentó.
Ana Miriam Ramos informó que, desde un día antes de que el comunicado y las notas periodísticas salieran a la luz, el trabajador se había ausentado de sus labores como “Auxiliar Administrativo A” en la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable. Además, dijo desconocer si el trabajador señalado ha presentado su renuncia ante Recursos Humanos.
¿Qué se sabe de las acusaciones de Estados Unidos?
De acuerdo con el comunicado oficial emitido el pasado 20 de mayo del 2026, Armando de Jesús Ojeda Avilés es señalado por las autoridades estadounidenses como el principal operador financiero de la facción de “Los Chapitos”.
El Departamento del Tesoro sostiene que Ojeda Avilés administraba grandes cantidades de dinero obtenido por la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, recursos que posteriormente eran convertidos en criptomonedas para ser enviados a México en beneficio del Cártel de Sinaloa.
Además, el Gobierno estadounidense lo acusa de participar directamente en la supervisión de envíos de fentanilo, cocaína y metanfetamina hacia territorio estadounidense.
Las autoridades estadounidenses también informaron que la investigación se desarrolló de manera coordinada entre la DEA, fuerzas especiales de seguridad nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
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