“Lo que está pasando en San Luis Potosí es una cacería por parte del gobernador”, denunció la periodista potosina Anahí Torres, quien aseguró enfrentar amenazas y hostigamiento por parte del Gobierno Estatal, al que acusa de encabezar una persecución y criminalización de las voces críticas.
La situación, dijo, ha escalado a órdenes de aprehensión y persecución judicial, no solo en su contra, sino también contra otros periodistas.
En entrevista para Revista ESPEJO, Torres relató que en octubre del año pasado fue víctima de un atentado. Hombres armados acudieron a sus oficinas para exigirle que detuviera su labor periodística.
“Yo en octubre del año pasado recibí un atentado por parte del gobierno del estado. Con armas largas, hombres afuera de mi oficina donde me amenazan de muerte debido a esta crítica que se tiene contra el gobierno”, declaró.
El mensaje fue claro.
Querían que dejara de hablar del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.
En contexto, Torres explicó para ESPEJO que existe un panorama de amenazas y presión política contra el periodismo crítico en la entidad. San Luis Potosí enfrenta un ambiente de control político de la información, alimentado por el presunto soborno a algunos medios de comunicación para mantenerse dentro de la narrativa institucional y el uso de mecanismos legales contra periodistas.
De acuerdo con la periodista, quedó en medio del conflicto luego de retomar en sus espacios digitales una columna publicada en un medio nacional, donde se mencionaba que autoridades estadounidenses tendrían la atención puesta sobre el gobernador potosino.
En sus espacios, la periodista también realizó un recuento de reformas impulsadas en el Congreso estatal, entre ellas la llamada “Ley Ruth”, iniciativa que, comento para ESPEJO, pretendía limitar la candidatura a la gubernatura de 2027 únicamente a mujeres, señalando que el objetivo sería beneficiar a la esposa del mandatario estatal, Ruth González Silva, quien actualmente es Senadora de la República.
“Yo retomo esta columna que sacan en El Financiero y aquí en San Luis Potosí se vuelve viral en uno de mis medios, una nota escrita, y después yo hago un video (…) y este video también se empieza a compartir muchísimo. Entonces de aquí viene el enojo, incluso el gobernador saca un mensaje en sus redes diciendo, amenazando, y diciendo que ‘el que se lleva se aguanta’. Me llega a mí el mensaje y me dicen: ‘Anahí, van por ti’”.
Tras el atentado, Torres hizo pública su situación durante una conferencia de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y fue integrada al mecanismo federal de protección para periodistas, ya que tanto el Instituto Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas como la Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, aseguró, no hicieron nada por ayudarla.
Sin embargo, las intimidaciones no terminaron ahí.
“Ahora la manera de atacarme es de manera legal. El tema es querer silenciar estas voces y se está agarrando de todo y contra todo porque tiene miedo de perder el poder”, comentó.
Torres enfrenta una denuncia penal junto con otros nueve periodistas, situación que calificó como parte de una estrategia de censura e intimidación.
Dos comunicadores ya fueron detenidos. Torres denunció que hubo irregularidades en el proceso de detención, incluyendo presuntas violaciones a derechos humanos y al debido proceso.
La acusación penal en su contra estaría relacionada con una ley sobre Inteligencia Artificial que anteriormente fue señalada por organizaciones defensoras de la libertad de expresión debido a su ambigüedad.
Al menos seis organizaciones civiles en defensa de los derechos, la labor periodística y la libertad de expresión ya se han posicionado en contra de las detenciones y órdenes de arresto contra los comunicadores.
Además, han exigido atención por parte de las autoridades estatales y federales, así como modificaciones a las leyes que puedan criminalizar la libertad de expresión.
Actualmente, la periodista permanece bajo protección federal, aunque aseguró que las medidas son limitadas, que la seguridad que le fue otorgada no es la esperada y que continuará trabajando desde casa y desde San Luis Potosí.
“Seguiré haciendo esto hasta que alguien voltee a ver estos casos preocupantes en San Luis Potosí”, finalizó
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