Al cumplirse el 1 de Junio un mes desde que el gobernador Rubén Rocha Moya solicitó al Congreso del Estado licencia para separarse provisionalmente de su cargo, surge la inquietud en los ciudadanos respecto al procedimiento que sigue para que las instituciones del Ejecutivo estatal continúen operando la gobernabilidad conforme lo prevé la Constitución.

Al margen de suposiciones políticas y especulaciones respecto al futuro inmediato de Sinaloa y de las autoridades pausadas en sus funciones, la máxima ley local traza la ruta a seguir en el objetivo de que la estabilidad sea sostenida por los soportes de legalidad sin que haya huecos de poder legítimos que pretendan llenar intereses que promuevan o aprovechen el caos gubernativo.

El artículo 58 de la Constitución determina que las faltas temporales del Gobernador hasta por treinta días serán suplidas por el Secretario de Gobierno con el carácter de encargado del Despacho y las que excedan de tal período serán cubiertas por un Gobernador Interino que nombrará el Congreso por mayoría absoluta de votos de los Diputados presentes.

El artículo 59 ordena que en caso de falta absoluta de Gobernador del Estado, ocurrida en los últimos cuatro años de su período, y si el Congreso se encontrase en sesiones, designará al Gobernador Substituto que deberá concluir el período; si el Congreso no estuviere reunido la Diputación Permanente nombrará un Gobernador Provisional y convocará al Congreso a sesiones extraordinarias para que se erija en Colegio Electoral y haga la elección del Gobernador Substituto.

En la actualidad son aplicados lo supuestos del artículo 58 al fungir Yeraldine Bonilla Valverde como Gobernadora interina y el procedimiento posterior está a expensas de la posibilidad de que Rocha Moya pueda regresar al cargo para el cual fue electo por mayoría de votos el 6 de junio de 2021 o ausentarse definitivamente del mismo, dependiendo de que lo habilite o inhabilite la investigación que realiza la Fiscalía General de la República a raíz de las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos por supuestos vínculos con delincuencia organizada.