Frente a los ataques contra periodistas en Sinaloa y el secuestro de la comunicadora Roxana Guzmán, en Veracruz, deben activarse los protocolos de protección a este gremio y retomar la exigencia de que el Estado mexicano cumpla con la obligación de dar garantías para el ejercicio de la libertad de expresion.

En Sinaloa, las publicaciones en fanpages que ponen en riesgo a la periodista de Culiacan, América Armenta, y los reporteros de Guasave, Carlos Raeb Morales y América Zambrano, causaron la reacción de organismos de la sociedad civil como advertencia de escaladas de violencia contra comunicadores donde las agresiones inhiben la adecuada labor de la prensa y obstaculizan el derecho ciudadano a la información.

La Red de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos exigió protección inmediata para los agredidos y la investigación pronta y exhaustiva por parte de la correspondiente Vicefiscalía Especializada, privilegiando la actividad periodística de las víctimas y aplicando el enfoque de libertad de expresión que el caso amerita.

Por su parte, el Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo el llamado a las autoridades encargadas de la procuración de justicia para que los hechos denunciados sean investigados con prontitud, exhaustividad y debida diligencia, agotando todas las líneas de investigación que resulten pertinentes y observando los estándares nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión.

Para lograr que el periodismo cumpla con el cometido de informar a la sociedad para que esté en posibilidad de ajustar la toma de decisiones conforme realidades corrobordas, es indispensable abatir la impunidad en ataques a periodistas. Tanto en Sinaloa como en Veracruz las evidencias recalcan la indefensión de la prensa y la poca voluntad de los gobiernos para hacer valer los articulos sexto y séptimo de la Constitución de México.