Los sectores empresariales de Culiacán y Mazatlán proceden a lanzar una especie de ultimátum a los gobiernos federal y estatal debido al impacto que causa en sus negocios la violencia exacerbada en Sinaloa, derivando también en las crisis social y política que hacen más sombrío el panorama.

El sábado la Confederacion Patronal de la República Mexicana planteó a través de su dirigente en Culiacán, Martha Reyes, la declaratoria de emergencia en la economía sinaloense con la condonación de impuestos debido a que el pago de éstos no se tarduce en mejor seguridad pública.

Ayer la presidenta de Coparmex en Mazatlán, Verónica Judith Estrada, expuso ante diputados de la Comisión de Turismo del Congreso del Estado, la complicada situación de esta rama de la economía “porque si no hay seguridad no podemos garantizar la confianza del turismo, que vengan a visitarnos y que vengan las inversiones. Ya se está trabajando pero no hemos podido darle la vuelta a la página, todavía”.

Los gobiernos de Sinaloa y de México son testigos y corresponsables de los devastadores efectos de la llamada narcoguerra en todos los sectores de la economía, pero se resisten a implementar la estrategia que ayude a mitigar los daños y evite la pérdida de empleos por cierre total o parcial de emoresas que cada vez es mayor en Sinaloa.

Frente al letargo por indiferencia en que están los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada entra a la fase de desesperación por agotamiento de la capacidad de resistencia y aún así persiste en la busqueda de acciones que eviten colapsos mayores. Pero las instituciones federales, estatales y municipales parecen apostarle a que la empresa desaparezca, así como en Sinaloa brilan por su ausencia la gobernabilidad, la seguridad pública la confianza en las instituciones.