La asociación civil de investigación cartográfica comunitaria Geocomunes asegura que la consulta indígena utilizada para avalar la instalación de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, al norte de Sinaloa, presentó irregularidades que terminaron por diluir la oposición de las comunidades que enfrentarían los mayores impactos ambientales y riesgos para la salud.
Las 3 comunidades consultadas dentro de la zona de alto riesgo: Ohuira, Paredones y Lázaro Cárdenas, reprobaron el proyecto. Al final, la planta fue avalada por la aprobación de comunidades fuera de dicha área.
Mapa de impacto del proyecto y las comunidades que dieron su aprobación o reprobaron al proyecto.
En un análisis publicado esta semana, la organización cuestionó la forma en que las autoridades ambientales federales interpretaron los resultados de la consulta indígena realizada en 2022 por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), proceso ordenado previamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como requisito para resolver el trámite ambiental del proyecto, inicialmente declarado como irregular por parte de la corte.
Geocomunes explica que, aunque las autoridades mantienen que la planta cuenta con respaldo social dentro del área de influencia del proyecto, la consulta incluyó localidades que se encuentran fuera de las zonas donde se concentrarían los principales impactos ambientales y riesgos relacionados con una eventual fuga de amoniaco.
El estudio señala que las asambleas de consulta se realizaron en 15 comunidades con centros ceremoniales indígenas mayo-yoreme, a las que fueron convocadas 81 pueblos diferentes. Únicamente nueve de las comunidades en donde se realizaron asambleas se encuentran dentro del Sistema Ambiental Regional (SAR) definido en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto.
En las comunidades ubicadas dentro de esa área de influencia ambiental la postura mayoritaria fue de rechazo, con cuatro asambleas en contra de la planta y tres a favor.
La organización también cuestionó que no se diferenciara entre localidades ubicadas dentro de la denominada Zona de Alto Riesgo y aquellas situadas en áreas de amortiguamiento. De las 81 localidades convocadas, sólo 16 se encuentran dentro de la zona donde una fuga de amoniaco podría representar un peligro inmediato para la salud y la vida, mientras que la mayoría de las comunidades consultadas se localizan a distancias considerablemente mayores del proyecto.
En esas localidades consideradas de alto riesgo, sostiene el análisis, tres de las cuatro asambleas realizadas manifestaron su rechazo a la planta.
Geocomunes señaló además que una de las asambleas contabilizadas a favor del proyecto se realizó de manera extraordinaria en la casa ejidal de Juan José Ríos, de forma paralela a la convocada en el centro ceremonial indígena correspondiente, situación que, afirma, contribuyó a modificar el balance final de los resultados.
“La aprobación de las comunidades que se encuentran fuera de la zona con un alto riesgo a la salud y la vida, y fuera del área de influencia ambiental del proyecto, se impuso sobre la decisión de las comunidades que enfrentan los mayores impactos ambientales y peligros directos para su vida y sus medios de sobrevivencia”, concluye el análisis.
El análisis se publica luego de que en las últimas semanas se haya reavivado una resistencia social en el norte de Sinaloa contra megaproyectos industriales que buscan instalarse en Topolobampo por sus posibles impactos ambientales y sobre la forma de vida de los pueblos originarios.
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