En un operativo coordinado entre autoridades de México y Estados Unidos, se logró la captura de Isaac Andrey “N”, de 36 años de edad, quien es señalado como uno de los probables responsables del delito de fraude específico relacionado con la empresa Inverplux. El arresto se llevó a cabo este sábado 1 de agosto en el estado de Texas, tras años de denuncias por parte de cientos de afectados en Sinaloa.
La localización y detención del imputado fue posible gracias a los trabajos de inteligencia y coordinación entre el personal del Servicio de Seguridad Diplomática del Consulado de Estados Unidos en Hermosillo y la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.
Tras su ubicación en territorio estadounidense, se ejecutó el mandamiento judicial y el detenido fue trasladado a México para ser puesto a disposición del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, quien determinará su situación jurídica.
El esquema de la “Megaestafa” de Inverplux
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía y la Policía de Investigación, Isaac Andrey “N”, junto con otros sujetos, operaba un esquema de inversión que prometía rendimientos muy superiores a los de otros instrumentos financieros. La empresa captaba recursos a través de una plataforma digital, ofreciendo ganancias que oscilaban entre el 4 y el 10 por ciento mensual, con inversiones iniciales desde los 100 mil pesos.
Sin embargo, las autoridades confirmaron que la compañía no contaba con autorización legal para operar bajo dicho esquema financiero. Posteriormente, Inverplux se declaró en quiebra e insolvencia, dejando a los ahorradores sin posibilidad de recuperar su patrimonio.
El caso Inverplux es considerado uno de los fraudes financieros de mayor impacto en Sinaloa debido a la magnitud del daño económico y el número de víctimas.
La Fiscalía ha recibido aproximadamente 900 denuncias, aunque el número de personas defraudadas podría ascender a más de 4,000. Las estafas se reportaron principalmente en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave. Desde que el esquema colapsó en marzo de 2023, los afectados han mantenido una exigencia constante de justicia.
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