El posicionamiento publicado hoy en solicitud de que los tres órdenes de gobierno tomen las medidas necesarias para garantizar la paz y la seguridad que se requiere para llevar a cabo las actividades legítimas de los sinaloenses y salvaguardar la vida y el patrimonio, contiene la contundencia de los diferentes sectores y líderes de opinión que firman el documento, como también resulta apabullante la realidad violenta que es corroborada a diario desde hace más de 20 meses.

Con el respaldo de 27 organizaciones de la sociedad civil y centenas de firmas de particulares y agrupaciones, el planteamiento debe ser escuchado y atendido por el gobierno que preside Claudia Sheinbaum en México, por la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla y los veinte presidentes municipales a los cuales se les convoca a que las respuestas a los problemas se traduzcan en apoyos “a nuestros esfuerzos por reconstruir Sinaloa como una sociedad pacífica y próspera”.

El hecho de aglutinar la protesta de los afectados por las crisis de la seguridad pública, gubernativa y económica expone el tamaño de las consecuencias derivadas de la violencia que detonó el 9 de septiembre de 2024 con el choque intramuros en el Cártel de Sinaloa, así como exhibe la dimensión del sentimiento de desamparo y frustración porque las autoridades federales, estatales y municipales optan por ocultar las complicaciones en vez de resolverlas.

Es el momento del pacto social en el que los sinaloenses, al margen de diferencias de todo tipo y de coyunturas políticas que lucran con el sufrimiento colectivo, unifiquen los afanes en el objetivo de rescatar al estado que ante cualquier circunstancia difícil ha logrado salir más fortalecido por la acción cívica que en efecto “trabaja duramente en reconstruirse”.

El primer paso que consiste en hacerse escuchar ya está sido dado de forma unánime a través de representantes y liderazgos a los que les asiste la razón en cuanto a la pérdida de empleos por 59 mil 714 personas en el período que abarca el primer trimestre de 2024 al primer trimestre de 2026, así como se redujo en 4 mil 704 el número de patrones registrados en el IMSS, y el campo, la pesca y acuacultura se hallan en dificultades de forma y fondo. ¿Esto no es suficiente crisis como para tomar decisiones y definir políticas públicas en apoyo de Sinaloa?