La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, debe revisar todo lo que firma y propone para evitar caer en situaciones que la colocan en el centro de la critica de la sociedad, como es el caso de la solicitud de una pensión por más de 60 mil pesos al mes para un ex funcionario de la Fiscalía General del Estado que aparece en la lista de presuntos narcopolíticos señalados por Estados Unidos.

Resulta ser un dislate la solicitud enviada al Congreso del Estado, en plena situación de crisis de la seguridad y la gobernanza, para que se le otorgue pensión de 67 mil pesos mensuales por retiro anticipado a Alberto Jorge Contreras Núñez, ex comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa, al cual el Departamento de Justicia estadunidense acusa de omisión en el combate a cabecillas del Cártel de Sinaloa.

Sin escatimar el derecho de los servidores públicos a un retiro digno, en en este caso se trata de una persona vinculada a un asunto controversial que se halla en el núcleo de la atención y conversación públicas y constituye exabrupto que el Ejecutivo lo plantee al Legislativo y sobre todo que ambos poderes den el correspondiente trámite.

El estado de ánimo de los sinaloenses no está para estas cosas que exponen cómo la mandataria provisional accede a validar este tipo de solicitudes sin que sus asesores detecten la inconveniencia de hacerlo ni los diputados afines a Yeraldine Bonilla procedan a detener el correspondiente proceso legislativo.

Los políticos en el ejercicio de gobierno no sólo deben pensar en sus atribuciones sino también en cómo recibirá la ciudadanía los actos que implementan. ¿Tenemos a cargo del despacho del Ejecutivo de Sinaloa a una mujer que revisa y ecudriña en todo lo que firma? En estos tiempos turbulentos cualquier descuido o desidia suelen tener graves consecuencias.