Culiacán, Sinaloa.- La diputada morenista Reynalda Leyva Urías, secretaria de la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas en el Congreso del Estado, reconoció la existencia de conflictos en al menos cuatro comunidades indígenas donde se han registrado disputas por la elección de gobernadores tradicionales, denuncias de presunta intervención externa y episodios de violencia, aunque afirmó que el Legislativo solo puede intervenir si las propias comunidades solicitan apoyo.
La legisladora fue cuestionada sobre las denuncias documentadas por ESPEJO de habitantes de localidades como Tehueco, Ohuira, Lázaro Cárdenas y Juan José Ríos, donde señalan que procesos de elección de autoridades tradicionales han derivado en divisiones internas, cierres de centros ceremoniales y la imposibilidad de realizar sus fiestas comunitarias con normalidad.
Diputada Reynalda Leyva Urías, secretaria de la Comisión de las Comunidades y Asuntos Indígenas.
De acuerdo con los señalamientos expuestos, en algunos de estos casos se han reportado incluso hechos de violencia física, como agresiones con machetes, además de la toma o cierre de espacios ceremoniales, lo que ha elevado la tensión entre grupos al interior de las comunidades.
En su respuesta, Leyva Urías señaló que en el caso de Tehueco se tiene conocimiento de un proceso electoral reciente para la designación de autoridades tradicionales, el cual derivó en un conflicto interno. Sin embargo, afirmó que no cuenta con información completa debido a que no ha recibido el informe formal correspondiente.
“Yo no estoy muy bien informada porque no me ha llegado a mí el informe”, dijo la diputada, al tiempo que reconoció que existe una división entre los grupos en disputa dentro de la comunidad.
La legisladora agregó que en algunos casos ha decidido no involucrarse directamente en los conflictos, bajo el argumento de respeto a la autonomía de las comunidades indígenas y sus formas de organización basadas en usos y costumbres, así como porque no ha sido solicitada su intervención.
“Cuando ellos no te piden el apoyo o no te permiten, pues no puedes entrar a sus espacios, hay que ser muy respetuosos”, expresó.
En el caso de otras comunidades como Ohuira, Juan José Ríos y Lázaro Cárdenas, Leyva Urías vinculó parte de las tensiones a la división social generada en torno a proyectos de desarrollo, como la planta de amoniaco de GPO en Topolobampo, lo que ha profundizado la polarización entre quienes están a favor y quienes se oponen.
La diputada aseguró que ya se han intentado procesos de mediación en distintos momentos, sin embargo, reconoció que no han tenido éxito debido a la falta de acuerdos entre las partes.
“No ha habido forma de que se unan porque una parte dice que no y otra que sí”, señaló.
Finalmente, sostuvo que el Congreso del Estado y la propia comisión legislativa pueden participar como mediadores únicamente si las comunidades lo solicitan de manera expresa, ya que, de lo contrario, no es posible intervenir en sus procesos internos.
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