La inquietud en la opinión pública sinaloense por el asesinato del enfermero del Instituto Mexicano del Seguro Social que ocurre cinco días después de que fue detenido por presunto robo de medicamentos, es de tal magnitud que en igual proporción debe ser la investigación que determine por qué una persona que está a disposición de la justicia termina siendo víctima de criminales.

El caso que el mismo IMSS dio a conocer como escándalo interno por el tráfico de medicinas presenta el desenlace lamentable que, sin determinar la culpabilidad o iniocencia del trabajador acusado, expone la existencia de delincuencia que hace justicia por mano propia para proteger coparticipaciones o intereses que rebasan la capacidad coercitiva de las instituciones de procuración y administración de justicia.

Abel Elías “N” fue aprehendido el viernes 19 de junio por elementos del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República al presuntamente extraer de manera ilegal del área de Urgencias Médicas del IMSS cuatro cajas de un fármaco de alta especialidad, cada una con un valor de 120 mil pesos, pero después de esa detención no hubo información del correspondiente proceso penal.

El 24 de junio se recibió el reporte al sistema de emergencias 911 que avisaba del cuerpo sin vida de un enfermero, a espaldas de la clínica 35 del IMSS en Culiacán, ubicada en la colonia Antonio Rosales, confirmándose posteriormente que se trataba del enfermero que, se suponía, estaba a disposición de la FGR en la correspondiente carpeta de investigación.

¿Qué es lo que pasa cuando un probable infractor de la ley está bajo la custodia de las autoridades y de pronto aparece inmolado aparentemente por acción de la delincuencia? La reacción natural en los ciudadanos deduce que la presunción de inocencia pierde la vigencia constitucional cuando al imputado se le aplica la justicia por mano propia. Y al tratarse del IMSS como eventual afectado por el robo de medicinas y de un trabajador suyo que muere por violencia, la eficiencia de la justicia resulta fundamental para determinar si el crimen ha penetrado a la institución encargada de la seguridad social de los mexicanos.