La Secretaría de Obras Públicas de Sinaloa inició la remodelación del estadio de Los Dorados, club de futbol que abandonó el inmueble en octubre de 2024, destinando 22.4 millones de pesos del megapréstamo que debió utilizarse para obras prioritarias.
Se trata de una remodelación para rehabilitar los vestidores, los baños generales, las luminarias de la cancha, sustituir las luces de las gradas, mejorar el área de prensa, los pasillos interiores, el patio de maniobra y la taquilla.
La obra está a cargo de la empresa Construcciones Eléctricas y Civiles Meneses, de los empresarios Fabián Meneses Ramírez y Guadalupe Ramírez Portillo, de acuerdo con el Registro Público del Comercio.
Esta es la segunda vez que se hace una inversión multimillonaria para remodelar el estadio por parte del gobierno de Sinaloa, el cual está concesionado mayoritariamente a Grupo Caliente, de la familia Hank.
La historia de un estadio inacabado
El nombre original del estadio es Carlos González y González. Fue construido y presentado en 2003, con una concesión para la empresa Estadios de Sinaloa S.A. de C.V., de la familia De Nicolás. En el contrato se estableció que Gobierno del Estado haría una inversión de 55 millones de pesos, que sirvió para construir la primera etapa y así cumplir con el protocolo de la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) sobre la capacidad de aficionados para un estadio profesional de Primera División.
Se terminó el ala oeste, pero las zonas de gradas sur y norte, así como el ala este (llamada también “zona río”) quedaron inconclusas. Los dueños del equipo debían hacer una segunda inversión, de al menos 40 millones de pesos para terminar el inmueble, pero eso no sucedió.
En 2012, la familia De Nicolás –que también es dueña de la empresa Homex– tuvo un declive económico que posteriormente se explicó en uno de los mayores fraudes inmobiliarios en la historia de México.
Entre 2010 y 2012 la firma reportó ingresos inflados en 3.3 mil millones de dólares ante la Bolsa de Estados Unidos, un fraude descubierto por la Securities and Exchange Commission (SEC), dependencia del gobierno de Estados Unidos que se encarga de vigilar el buen funcionamiento de los mercados de valores.
Fue en una auditoría aplicada que incluyó imágenes satelitales. A la investigación estadounidense se sumó otra por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México, descubriendo “ingresos que contablemente debieron ser registrados con posterioridad a la elaboración de los estados financieros que en cada caso correspondían”.
Entre ambas dependencias se impusieron multas que superaron los 20 millones de pesos.
Tras el descubrimiento de los fraudes y la debacle económica de la familia De Nicolás, se hizo un acta de cesión para Grupo Caliente en 2012. Desde ese año posee el 60 por ciento de las acciones del equipo Dorados de Sinaloa y el inmueble en el que juega. Pasó, de hecho, a llamarse Estadio Banorte.
El Gobierno de Sinaloa invirtió en 2018 hasta 57.4 millones de pesos para la modernización del inmueble. Dichos arreglos fueron terminar la techumbre, remodelar la “zona de río” y los palcos premier.
Grupo Caliente no ha invertido en el Estadio, mucho menos en los casi dos años que el recinto ha estado abandonado, pero ahora, en un intento de convencer a los dueños y hacer regresar el equipo, el gobierno de Sinaloa dispuso 22.4 millones de pesos para una nueva remodelación.
Para hacerlo, se usará parte de un préstamo multimillonario que se solicitó a la banca privada bajo la premisa pública de “reactivar la economía de Sinaloa”.
Ese dinero debe usarse, según los conceptos aprobados por el Congreso de Sinaloa, para obras de necesidad social, como calles, carreteras, drenajes, agua potable, pozos de agua y escuelas públicas, pero se determinó apartar dinero público –que igual podría servir para remodelar 18 canchas de fútbol en colonias populares– en el estadio que quedó abandonado.
Se solicitó a través de llamadas y mensajes un posicionamiento a José Antonio Núñez, presidente del Club, sobre posibles negociaciones para regresar el club a Culiacán, pero no se tuvo respuesta.
También se pidió en siete ocasiones una postura al gobierno de Sinaloa sobre la inversión millonaria a un estadio vacío, pero el secretario Raúl Montero (de Obras Públicas), no quiso explicar los motivos.
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