Culiacán, Sinaloa.- Empresas de telecomunicaciones denunciaran ante la FGR a la alcaldesa de Salvador Alvarado, Guadalupe López González, por presunta extorsión y por el retiro de infraestructura de conectividad. De acuerdo con reportes en medios de comunicación, entre ellas TV Azteca, las compañías señalan la imposición de multas que, en conjunto, superarían los mil 500 millones de pesos.

El senador Mario Zamora Gastélum presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR), a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones a intervenir en el conflicto entre empresas del sector y el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, con el objetivo de garantizar la continuidad de los servicios y deslindar posibles responsabilidades administrativas o penales.

El legislador advirtió que cualquier acción que derive en la remoción o inhabilitación de infraestructura estratégica podría afectar la conectividad de miles de habitantes, en un contexto donde los servicios de telecomunicaciones son esenciales para la seguridad, la educación, la salud y la actividad económica.

“En el contexto tan complejo que vive Sinaloa, mantener la conectividad digital y telefónica es un factor crítico de supervivencia, estabilidad social y seguridad para las familias”, expresó.

Zamora señaló que las telecomunicaciones constituyen un derecho humano reconocido en el artículo 6 de la Constitución y sostuvo que la regulación de la infraestructura fija y móvil corresponde exclusivamente a la Federación.

El Ayuntamiento rechaza presunta extorsión

 

El Ayuntamiento de Salvador Alvarado rechazó las acusaciones y aseguró que las sanciones obedecen al incumplimiento de la normatividad municipal en materia de desarrollo urbano, no al cobro indebido de permisos o impuestos.

La subdirectora de Desarrollo Urbano y Ecología, Valeria Araujo, explicó que toda infraestructura instalada en la vía pública requiere autorización previa del municipio, mientras que el asesor Pedro Molineros Urías indicó que los procedimientos administrativos incluyen inspecciones y plazos para que las empresas regularicen su situación antes de aplicar sanciones.

Las autoridades municipales sostuvieron que las multas derivan de instalaciones realizadas sin autorización y afirmaron que el Gobierno local ha privilegiado la regularización y los convenios antes que las medidas punitivas.

También negaron que exista la intención de dejar sin servicio de internet a la población y señalaron que la infraestructura que cuenta con permisos continúa operando con normalidad, mientras que cualquier retiro de instalaciones se realiza conforme a los procedimientos legales y respetando las resoluciones judiciales vigentes.

Asimismo, se hizo un llamado para brindar certidumbre jurídica a empresas concesionarias como Megacable y Total Play, a fin de evitar afectaciones a la población derivadas de controversias administrativas locales.

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