Culiacán, Sinaloa.- El anuncio de una inversión de 454 millones de pesos para seguridad en Sinaloa fue recibido de manera positiva por organizaciones civiles, aunque especialistas advirtieron que los recursos resultan insuficientes frente a la crisis de violencia que enfrenta la entidad y que su aplicación deberá estar acompañada de mecanismos de transparencia y fiscalización.
Miguel Calderón Quevedo, coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), señaló que, si bien la asignación presupuestal es bienvenida, no representa un apoyo extraordinario, sino un esquema de financiamiento que históricamente se ha mantenido para el rubro de seguridad y justicia.
“Son insuficientes, requerimos más recursos, un esfuerzo más allá de lo que tradicionalmente se ha asignado. No hay nada extraordinario respecto a lo que se destinó en años anteriores, tomando en cuenta incluso las modificaciones inflacionarias”, sostuvo.
El coordinador del CESP indicó que Sinaloa vive desde hace más de 20 meses una situación excepcional en materia de seguridad, por lo que consideró necesario que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo estatal ajusten el presupuesto a la dimensión actual del problema.
“Hoy tenemos un presupuesto tradicional, básico e inercial, que no tiene correspondencia con el tamaño del problema”, afirmó.
Por su parte, Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Sinaloa, consideró positiva la llegada de estos recursos ante el contexto de violencia que atraviesa el estado, aunque subrayó que el principal desafío será garantizar la transparencia en su ejercicio y evaluar sus resultados.
La activista recordó que, después de los dos préstamos contratados por el Gobierno estatal para enfrentar distintas crisis económicas y de seguridad, esta bolsa de recursos representa uno de los montos más importantes destinados al tema en los últimos años.
“Es positivo, pero depende mucho de cómo y hacia qué se destina este recurso. Lo mínimo que esperamos es total transparencia en los procesos de adquisición y saber quiénes serán los beneficiados”, señaló.
León Fontes advirtió que la proximidad del proceso electoral de 2027 obliga a reforzar la vigilancia sobre el uso del dinero público para evitar posibles irregularidades o desvíos de recursos, por lo que llamó a la Secretaría de Transparencia, los órganos internos de control y la Auditoría Superior del Estado a realizar una fiscalización puntual.
Asimismo, consideró que este caso evidencia la necesidad de fortalecer la legislación en materia de acceso a la información pública.
“Este es el mejor ejemplo de por qué necesitamos una buena Ley de Transparencia, para saber cómo se va a destinar y ejercer finalmente esos 454 millones de pesos”, expresó.
Tanto el CESP como Iniciativa Sinaloa coincidieron en que la inversión deberá traducirse en resultados medibles para la ciudadanía, como la disminución de homicidios y desapariciones, además de una mayor confianza en las instituciones encargadas de la seguridad pública.
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