Culiacán, Sinaloa.- Mientras nuevas familias continúan abandonando comunidades de Sinaloa por la violencia, los registros oficiales muestran una reducción difícil de explicar: en tres meses, más de mil familias dejaron de aparecer en el conteo correspondiente a los desplazamientos ocurridos desde septiembre de 2024.
Un informe elaborado por Sibely Cañedo Cázarez, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma de Sinaloa y especialista en desplazamiento forzado interno, advierte inconsistencias en las cifras proporcionadas por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES), además de un subregistro que impide conocer la dimensión real del fenómeno.
En febrero de 2026, una respuesta de SEBIDES a una solicitud de información realizada por la investigadora reportaba 2 mil 189 familias desplazadas entre septiembre de 2024 y enero de 2026.
Tres meses después, otra respuesta de la dependencia contabilizó 3 mil 619 familias desplazadas acumuladas en Sinaloa hasta abril, pero únicamente mil 171 correspondían al periodo iniciado en septiembre de 2024, cuando escaló el conflicto entre grupos criminales.
Para la investigadora, esto significa que mil 18 familias dejaron de aparecer en el registro del periodo reciente.
Una posible explicación, señala Cañedo, son los retornos realizados por decisión de las propias familias. Sin embargo, advierte que no existe un seguimiento sistemático que permita conocer cuántas regresaron, bajo qué condiciones y si existen garantías de seguridad.
La especialista identifica a su vez que Sinaloa continúa sin un padrón completo de las víctimas.
“Muchas personas no se acercan a las autoridades, ya sea por miedo, porque la misma dinámica de la violencia hace que las personas quieran estar más de manera anónima y no se expongan”, explicó.
A esto se suma el llamado desplazamiento silencioso o “gota a gota”, cuando las familias abandonan paulatinamente sus comunidades y no como parte de éxodos masivos que resultan más visibles para las autoridades.
“Hay personas que resisten, que se van quedando, pero que después por la misma dinámica se tienen que ir, pero ya lo hacen de manera más personal, de más bajo perfil”, señaló Cañedo.
Choix, ejemplo del subregistro
Las diferencias entre el padrón y lo que ocurre en territorio se observan en Choix. El reporte de mayo contabilizaba apenas dos familias desplazadas recientemente en ese municipio, pero nuevos episodios de violencia han provocado salidas de habitantes de Aguacaliente de Baca y rancherías cercanas.
Esperanza Hernández Lugo, activista desplazada desde hace más de una década, visitó recientemente el municipio y asegura haber identificado más de 100 familias en esta situación.
“Ha habido muchísimas familias que se han desplazado y, al no haber respuesta de ayuda en el municipio, pues se van de paso hasta los campos a buscar dónde refugiarse y dónde poder trabajar”, relató.
Entre quienes han abandonado sus hogares hay niñas, niños, personas adultas y adultos mayores. Algunas familias permanecen en la cabecera municipal, mientras otras continúan hacia otros lugares en busca de empleo.
Hernández Lugo también aseguró conocer casos de familias de Badiraguato que acudieron ante autoridades estatales, pero no fueron reconocidas como desplazadas.
“No hay un censo real desde que empezó esta situación de los pleitos ahí a la fecha”, sostuvo.
Para Cañedo, desconocer cuántas familias fueron expulsadas, de dónde salieron y dónde se encuentran limita también la capacidad gubernamental para diseñar políticas públicas y garantizar soluciones duraderas.
El informe elaborado por la especialista estima que Sinaloa podría acercarse ya a las 4 mil familias desplazadas, al considerar nuevos éxodos que todavía no aparecen en los reportes oficiales, mientras que la cifra real permanece incierta.
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