Culiacán, Sinaloa.- Los procedimientos para obtener un permiso de construcción, una licencia o una autorización administrativa pueden prolongarse durante meses y, en algunos casos, terminar en tribunales. Para un grupo de organismos empresariales, parte de ese problema responde a la falta de una legislación que establezca reglas generales sobre cómo deben actuar las autoridades en este tipo de trámites.
Con ese planteamiento, integrantes de la Alianza para el Desarrollo y Competitividad de las Empresas (ADECEM) y del Colectivo de Organizaciones Empresariales CORE33 presentaron este jueves ante el Congreso del Estado una iniciativa para crear la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Sinaloa, con la que buscan establecer un marco común para regular la actuación de las autoridades estatales y municipales frente a ciudadanos y empresas.
El presidente de ADECEM, Julio César Silvas, explicó que la propuesta parte de que una parte de los conflictos entre ciudadanos, empresas y gobierno no surge porque las autoridades carezcan de facultades, sino porque los procedimientos administrativos presentan deficiencias en aspectos como la fundamentación, la motivación, las notificaciones o el cumplimiento de las formalidades legales.
“La iniciativa busca avanzar de un modelo predominantemente correctivo, en el que primero ocurre una irregularidad y después el ciudadano tiene que combatirla, hacia un modelo más preventivo, donde la autoridad cuente con reglas para actuar correctamente desde el origen y mecanismos para corregir sus propias actuaciones cuando esto sea necesario”, señaló.
De acuerdo con los promoventes, cuando un acto administrativo termina siendo impugnado y posteriormente anulado, tanto ciudadanos como autoridades destinan tiempo y recursos a procesos que pudieron prevenirse desde la propia administración pública. Además, los tribunales reciben controversias que, consideran, podrían resolverse antes de convertirse en litigios.
Silvas sostuvo que la iniciativa no sustituye las políticas de desarrollo económico ni los mecanismos de mejora regulatoria, sino que busca complementarlos mediante reglas claras que otorguen mayor certeza jurídica en la relación entre gobierno, ciudadanía y sector productivo.
Como ejemplo, señaló que en algunos municipios un permiso de uso de suelo puede tardar entre cuatro y doce meses, mientras que ciertas licencias de construcción llegan a demorar más de un año. También expuso que, para remodelaciones menores, los solicitantes deben gestionar autorizaciones ante distintas dependencias, lo que incrementa costos y tiempos de espera.
Durante la presentación, el presidente de la Comisión de Hacienda Pública y Administración del Congreso, Ambrocio Chávez Chávez, indicó que el propósito de la iniciativa es brindar certeza jurídica en los actos administrativos que realizan las autoridades estatales y municipales.
El legislador señaló que 14 entidades del país ya cuentan con una legislación similar y consideró que la propuesta es compatible con los esfuerzos impulsados a nivel federal para modernizar y agilizar los procedimientos administrativos mediante el uso de herramientas tecnológicas.
Chávez Chávez añadió que la iniciativa no contempla nuevas cargas presupuestales y afirmó que impulsará su análisis al interior del Congreso. No obstante, señaló que su eventual aprobación dependerá de la discusión y el consenso entre las y los 40 diputados que integran la Legislatura.
La propuesta fue turnada a la Oficialía de Partes del Congreso del Estado, donde iniciará el proceso legislativo para su revisión en comisiones antes de que pueda ser discutida por el Pleno.
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