Culiacán, Sinaloa.- Cuando una persona pasa años en prisión preventiva sin obtener una sentencia no solo retrasa la resolución de un caso, también se demora el acceso a la justicia para las víctimas y se alimenta la impunidad, advirtieron especialistas en procuración de justicia.

En Sinaloa, al cierre de 2025, 2 mil 283 personas permanecían privadas de la libertad sin resolución judicial, equivalente al 40.7 por ciento de la población penitenciaria en la entidad. De ellas, 366 acumulaban dos años o más en espera de una sentencia, según datos del Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Para el abogado Francisco Javier Villarreal, presidente de la Federación de Colegios y Asociaciones de Abogados en Sinaloa, este retraso en las sentencias refleja un “colapso operativo”, en el sistema de justicia, derivado de fallas de coordinación entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial.

Esto, de acuerdo con el abogado, tiene consecuencias tanto en la víctima como en la persona que está imputada, porque mientras las víctimas deben esperar más tiempo para obtener justicia y reparación del daño, quienes enfrentan el proceso permanecen en incertidumbre jurídica. Todo ello, explicó, hace que prevalezca la impunidad.

“Esto conlleva a una afectación de manera colateral. Por ejemplo, puede impactar en cuanto a las personas, una ruptura familiar, un abandono familiar, imagínate que una persona esté privada de la libertad y no tenga la certidumbre de cuando va a ser sentenciada (…) se habla de rupturas de madres e hijas desamparadas”, dijo.

En ese sentido, Nancy Canjura, investigadora de la organización Causa en Común, consideró que la ineficiencia del sistema de procuración de justicia es uno de los factores que alimentan la impunidad en el país, y para ella, una de las causas de esta ineficiencia es la falta de recursos materiales, financieros y humanos en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y justicia

Por ejemplo, dijo, en la Fiscalía General del Estado, hay un déficit de ministerios públicos, lo que conlleva a que cada uno de ellos tenga que atender miles de denuncias al año, además de la falta de policías de investigación y peritos para integrar adecuadamente las carpetas de investigación.

“Se habla mucho de la importancia que tiene la estrategia de seguridad pública, por ejemplo en el caso de Sinaloa este trabajo que se ha hecho para poder disminuir la violencia, más en el contexto de la situación que hay por los grupos del crimen organizado, sin embargo, no vemos que eso se refleje en recursos asignados para las instituciones de seguridad”, dijo.

A ello, añadió, se suma el rezago en el cumplimiento de órdenes de aprehensión, las dificultades para que los procesos penales concluyan con una resolución judicial y el abuso del uso de la figura de la prisión preventiva oficiosa, misma que es violatoria a los derechos humanos.

“De aquellas investigaciones que ya se tienen  y que se ha deslindado un responsable, no se han ejecutado todas las órdenes de aprehensión, hay más o menos un 40 por ciento, entre 40 y 50 por ciento de rezago. Y ya que tenemos a la persona que es detenida, tenemos ahí un detalle con el tema de la defensoría pública y el proceso como tal de la obtención de justicia que no se logra determinar la culpabilidad para poder emitir la sentencia”, dijo.

Los retrasos en la emisión de sentencias, explicó, además de tener consecuencias en la víctima y la persona imputada, también tiene un impacto en la reinserción social de las personas que permanecen en prisión preventiva, ya que las expone a convivir con personas sentenciadas por delitos de mayor gravedad, lo que puede dificultar su reinserción una vez que recuperen la libertad.

“Por ejemplo, si estamos hablando de una persona que a lo mejor cometió un robo en un oxxo, ahora va a salir para volverse extorsionador, para formar parte de la delincuencia organizada o algo similar por el tipo de exposición que tuvo”, dijo.

Para la organización, mientras que la estrategia de seguridad no implique el fortalecimiento de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, con capacitación, recursos y seguimiento, continuarán los retrasos en las investigaciones y la emisión de sentencias que afectan el acceso a la justicia y favorecen la impunidad.

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