El déficit de vivienda en Sinaloa, y la falta de una política eficaz para combatirla, ha propiciado la invasión de terrenos en distintos sectores de Culiacán. El fenómeno ha deteriorado la certeza jurídica, afectado iniciativas de interés social, y mantiene a una cantidad indeterminada de familias viviendo sin acceso a servicios públicos.

Además de deteriorar la certidumbre patrimonial de los tenedores de predios, las invasiones no ofrecen las condiciones mínimas para que las familias vivan y se desarrollen conforme a sus derechos básicos. También se ha reportado que, al no contar con infraestructura de servicios y tener que utilizar la de los alrededores, se termina por afectar a los vecinos de las zonas aledañas.

De acuerdo con Oscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en Sinaloa existe un déficit de más de 432 mil viviendas. Menciona que la situación se habría agravado en los últimos dos años debido a la llegada a Culiacán de familias desplazadas de sus comunidades a causa de estallidos de violencia en medio de la crisis de seguridad por la que actualmente atraviesa la entidad.

Entre las zonas de invasiones más extensas de la capital sinaloense se encuentra Valle del Cardenal, como se le ha denominado al asentamiento a espaldas del centro de distribución de Estafeta, al sur de la ciudad en el sector Aeropuerto.

Vista satelital de la invasión del Valle del Cardenal.

Se trata de un área de casi 30 mil metros cuadrados y 900 metros de perímetro, en donde se han levantado decenas de casas improvisadas sin servicios de drenaje, electricidad o recolección sanitaria.

Aunque los legítimos dueños han seguido un largo proceso legal que se ha prolongado por más de tres años, la inacción de las autoridades para reubicar el asentamiento irregular ha parado proyectos de inversión e interés social.

ESPEJO visitó la invasión un lunes por la mañana en periodo vacacional. Las casas improvisadas dan señales de deterioro, no se observan personas realizando actividades fuera de las viviendas ni niños jugando. Amplias extensiones de terreno, dentro del cerco de la invasión, permanecen baldíos.

Por lo menos la mitad de las viviendas de la invasión en Valle del Cardenal presentan condiciones de abandono, sin señales de habitación.

Valle del Cardenal, ejemplo del impacto de las invasiones en obras de interés social y privado

 

Uno de los casos que evidencian el impacto negativo de estas ocupaciones es el del Banco de Alimentos de Culiacán, institución que ya ha dado por perdido uno de los predios invadidos de Valle del Cardenal.

Este terreno estaba destinado a la construcción de un nuevo centro de acopio con capacidad para almacenar mil 500 toneladas de alimento, lo que habría permitido atender a cerca de 350 mil personas en situación de vulnerabilidad al año.

Daniel Tapia Sánchez, director del Banco de Alimentos, explicó en entrevista para ESPEJO que la invasión ocurrió apenas una semana después de concretarse la compraventa del inmueble. Señaló que el proyecto contemplaba una inversión cercana a los 60 millones de pesos entre el terreno y la infraestructura necesaria para ampliar la capacidad de almacenamiento y rescate de alimentos.

Tras años de litigio y un gasto de 15 millones de pesos, la institución decidió desistir de la batalla legal debido al desgaste económico y preocupaciones por la seguridad del personal, ante el temor de represalias.

Tapia agregó que, además de los recursos ya invertidos, el Banco perdió alrededor de 30 millones de pesos en donativos y apoyos comprometidos para la construcción del nuevo centro, luego de que empresas y aliados retiraran su respaldo ante la falta de certeza jurídica sobre el predio.

Señaló que la invasión no sólo frenó una inversión millonaria para ampliar la capacidad del Banco de Alimentos, sino que también redujo el alcance social de la institución al impedir la construcción de un nuevo centro de acopio que habría permitido rescatar más alimentos y atender a una mayor población en situación de vulnerabilidad.

“La pérdida no fue solamente económica. Fue una pérdida alimentaria, una pérdida de impacto social, una pérdida de empleo. Lo único que pedíamos era que la autoridad hiciera lo que le corresponde”, dijo.

 

Tapia denunció una marcada “falta de voluntad política” y empatía por parte de las autoridades estatales para mediar en el conflicto, y aseguró que el Banco agotó las vías legales antes de desistir de la recuperación del inmueble.

El Banco de Alimentos no es el único proyecto afectado por la ocupación irregular de predios en Valle del Cardenal

Alejandro González, directivo de Desarrollos Calo, explicó que la empresa también ha visto comprometidos terrenos destinados a desarrollos habitacionales, lo que ha obligado a modificar proyectos y asumir pérdidas económicas.

“Cuando apostamos por un desarrollo buscamos crear comunidades ordenadas, no solamente vender casas. Todo se planea conforme a los programas de desarrollo urbano, con coordinación con las autoridades. Cuando aparecen invasiones deja de haber ese orden“, señaló.

 

El empresario estimó que las afectaciones directas para la compañía superan los 35 millones de pesos, al considerar el costo de los ajustes realizados en sus proyectos y el retraso de inversiones previstas para la zona.

Además del impacto económico inmediato, advirtió que este tipo de conflictos deteriora la confianza de inversionistas interesados en desarrollar vivienda en Sinaloa.

“Hay empresas que buscan venir a Culiacán, Los Mochis o Mazatlán y cuando observan que este tipo de situaciones permanecen sin resolverse y que la ley no se aplica oportunamente, eso termina por espantar la inversión“, afirmó.

 

González indicó que Desarrollos Calo mantiene un proceso judicial desde hace más de dos años para recuperar los terrenos afectados. A su juicio, el principal obstáculo ha sido la falta de avances en la Fiscalía General del Estado, institución que, explica, tiene la facultad para restituir legalmente la posesión de los predios invadidos.

El empresario añadió que las consecuencias de las invasiones también terminan por afectar a los habitantes de las colonias vecinas. Señaló que las conexiones irregulares a la red eléctrica han provocado fallas en el suministro, además de que la ausencia de servicios públicos adecuados genera riesgos sanitarios y presiona infraestructura diseñada para una población menor.

González consideró que las personas que buscan una vivienda cuentan con alternativas institucionales para acceder a ella y sostuvo que las invasiones no deberían ser la vía para atender esa necesidad.

“Las personas que buscan una vivienda pueden acercarse a la Comisión de Vivienda, porque hay esquemas y mecanismos para que puedan acceder a ella de manera ordenada. El problema es que quienes encabezan estos movimientos no quieren que la gente conozca esas opciones”, señaló.

Predios vacíos en valles del cardenal

Buena parte del terreno cercado permanece vacío.

Por otro lado, el dirigente de Antorcha Campesina en Sinaloa, Pergentino Cortés Girón, ha admitido públicamente que la ocupación en Valle del Cardenal carece de sustento legal, calificándola como una de las muchas invasiones que rodean la ciudad debido a la necesidad de vivienda.

“Una invasión igual que muchas; toda la ciudad está rodeada de invasiones. Es ilegal y yo creo que todas las invasiones; no es la única”, dijo en julio del presente año a medios de comunicación.

 

Según datos de la organización, alrededor de 100 familias vinculadas a ellos permanecen en el sitio, enfrentando condiciones precarias como la falta de energía eléctrica, servicio que les fue suspendido tras ser obtenido de manera irregular.

El Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Vivienda (CVIVE), ha realizado censos que contabilizan a 170 familias en este asentamiento específico.

De acuerdo con un estudio conducido en 2024 por la Universidad Autónoma de Sinaloa, el déficit real de vivienda en Sinaloa se sitúa en más de 500,000 viviendas, impulsado por el alto costo de la construcción y un valor promedio de vivienda que asciende a 1.7 millones de pesos, cifras que vuelven el mercado inalcanzable para gran parte de la población.

La proliferación de invasiones perpetúa un ciclo de inseguridad jurídica y social que el gobierno estatal aún no logra contener.

Apagones y acumulación de basura: el impacto en las colonias aledañas

 

Un vecino de la zona circundante a la invasión, quien decidió permanecer anónimo, explicó a ESPEJO que en los últimos dos meses se registraron afectaciones al suministro eléctrico en por lo menos dos ocasiones, lo que dejó sin electricidad temporalmente a varias viviendas y provocó daños en algunos electrodomésticos.

La toma ilegal del suministro eléctrico ha sido motivo de conflicto entre vecinos y habitantes de la invasión.

“Estaban agarrando luz de la última calle, porque solo hay tres casas. El vecino de ahí hasta discutió con ellos machín, y hasta fueron con él, le querían hacer un daño a él porque le echaban la culpa de haber provocado el corto. Vino el de la Comisión y dijo: no, esto se quemó porque estaban ustedes conectados ahí”, relató.

 

Las conexiones clandestinas incrementaron la carga sobre un circuito diseñado para alimentar un número determinado de usuarios y, al realizarse sin las medidas de seguridad adecuadas, provocaron cortocircuito y sobrecalentamiento del cableado.

Lona colocada por vecinos en el lugar de la toma ilegal de electricidad. Los habitantes de la invasión la retiraron en pocas horas, aseguran.

En este caso, el vecino señaló que las afectaciones alcanzaron el alumbrado, pues varias luminarias dejaron de funcionar tras las fallas eléctricas. Ante la falta de atención por parte del Ayuntamiento, fueron los propios habitantes de la zona quienes reunieron recursos para reparar las lámparas.

Además de la infraestructura eléctrica, el que la zona de invasión no cuente con asignación de recolección de basura hace que la misma se acumule cerca de las casas, creando una problemática de manejo de residuos. Los vecinos han tenido que pagar a los recolectores de basura para que se la lleven, asegura.

En Valle del Cardenal, la ausencia de acciones efectivas de las autoridades perjudica a propietarios, inversionistas, organizaciones sociales, vecinos e incluso a las familias que ocupan el asentamiento, quienes permanecen sin drenaje, electricidad regular, recolección de basura y otras condiciones básicas para vivir con dignidad.

Para la elaboración de esta nota, ESPEJO intentó contactar a la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES) para recoger su comentario con respecto a la situación de Valle del Cardenal, por medio de comunicación social del Gobierno de Sinaloa. Al cierre de esta edición, no se obtuvo respuesta.

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