Mazatlán, Sinaloa.- La entrega de despensas, enseres domésticos y otros apoyos a familias desplazadas en Sinaloa no ha estado acompañada de soluciones de largo plazo para quienes perdieron sus viviendas y patrimonio a causa de la violencia, advierten especialistas y defensores de derechos humanos.

Sibely Cañedo Cázarez, doctora en Ciencias Sociales especializada en desplazamiento forzado interno, señaló que, pese a que la vivienda ha sido una de las principales demandas de esta población desde la creación de la Ley para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, la respuesta gubernamental se ha concentrado principalmente en apoyos temporales.

“Generalmente los apoyos son más paliativos, que se les da despensas, que se les dan apoyos varios, que a veces cobijas o enseres domésticos”, explicó.

Aunque reconoció que estos recursos pueden atender necesidades inmediatas, sostuvo que no constituyen las “soluciones duraderas” contempladas en los estándares para atender el desplazamiento, como la reubicación, el reasentamiento o el acceso a vivienda.

A este señalamiento, se sumó José Carlos González Alarcón, presidente de Mexican Human Rights (MHR), organización que trabaja con población desplazada, aseguró que actualmente tienen registradas alrededor de 34 mil personas desplazadas solamente en ese municipio.

La cifra, explicó, contabiliza individualmente a niñas, niños, adultos mayores y otros integrantes de las familias, a diferencia de los registros gubernamentales que suelen presentarse por número de familias.

De acuerdo con el último informe elaborado por Cañedo con información obtenida vía transparencia, SEBIDES reconocía hasta abril de 2026 un acumulado de 3 mil 619 familias desplazadas en Sinaloa, de las cuales mil 171 correspondían al periodo iniciado con el recrudecimiento de la violencia en septiembre de 2024. La especialista estima que el número podría acercarse ya a las 4 mil familias, además del subregistro existente.

En Mazatlán, González Alarcón recordó que durante la administración estatal anterior se construyeron alrededor de 55 viviendas para familias desplazadas en el fraccionamiento CVIVE. Sin embargo, afirmó que desde entonces no han observado nuevos proyectos habitacionales dirigidos específicamente a esta población.

“Hasta ahorita no tenemos casas”, señaló.

El defensor aseguró que su organización ha buscado alternativas mediante gestiones para incorporar a familias a programas federales de vivienda, como INFONAVIT, pero hasta el momento no han recibido seguimiento.

A esto suma la falta de interlocución con la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (SEBIDES). González Alarcón aseguró que han solicitado una reunión con el actual titular de la dependencia sin obtener respuesta y que, hasta el momento de la entrevista, el funcionario no había acudido a Mazatlán para reunirse con las familias que representan.

“Ni se ha parado, no ha hablado, ni una llamadita”, expresó.

Para Cañedo, la ausencia de soluciones de largo plazo provoca que sean las propias familias quienes terminen resolviendo su situación mediante redes familiares, rentando viviendas o reconstruyendo su patrimonio por cuenta propia.

“No estamos viendo una reparación del Estado; no se está advirtiendo que el programa de desplazados esté cumpliendo su función”, sostuvo.

 

 

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