Culiacán, Sinaloa.- Hace un par de años, el Centro de Internamiento para Adolescentes (CIA) albergaba entre cinco y siete jóvenes. Hoy, esa cifra se ha disparado enormemente, pues al cierre de 2025, el número de adolescentes privados de la libertad ascendió a 100, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Para la organización SUMA, Sociedad Unida IAP, cuya misión es reducir la cantidad de jóvenes que participan en actividades delictivas, este incremento es un reflejo del impacto que tiene en los jóvenes, la violencia que se vive en Sinaloa desde septiembre de 2024, cuando se recrudeció el conflicto entre grupos del crimen organizado.

Iván Velázquez, director de SUMA, explicó que esto evidencia la vulnerabilidad que tienen muchos adolescentes que ya están incurriendo en actividades ilícitas graves, pues el estar en un Centro de Internamiento significa que cometieron delitos de alto impacto.

“En años anteriores se venían manejando no sé 5 o 7 jóvenes a nivel estatal, ahorita estamos creciendo, a mediados de 2024 crecimos a 21 jóvenes y luego ya para 2025 se había disparado la cifra que tenemos actualmente, cerca de 100, ahorita creo que ya rebasa los 100, ahorita debe de estar un poco más elevada, pero sí ha ido creciendo mucho, se incrementó muchísimo”, dijo.

De acuerdo con el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales 2025, de los 100 adolescentes privados de la libertad en Sinaloa, 96 estaban internados por delitos del fuero federal y cuatro por delitos del fuero común.

Sin embargo, Velazquez advirtió que el problema va más allá de las cifras, ya que obliga a una reflexión sobre las condiciones que están llevando a que cada vez más adolescentes se involucren en actividades delictivas y sobre las oportunidades que la sociedad les está ofreciendo para que puedan desarrollarse fuera de esos entornos.

“Pero también pensar en qué oportunidades podemos brindar cómo sociedad como comunidad a los jóvenes que ya tienen conflicto con la ley, que van a salir en un momento dado. (…) ¿Qué alternativas tenemos como comunidad para estos jóvenes? para que puedan insertarse de una manera efectiva en la comunidad, para que puedan desarrollarse de una manera saludable. Creo que debemos construir esas alternativas”, dijo.

Mencionó que atribuir la inserción de los jóvenes en el mundo delictivo únicamente a la pobreza o a la falta de recursos económicos sería un error, ya que de acuerdo con algunos ejercicios y consultas que SUMA ha realizado con adolescentes en conflicto con la ley, se identificó que la búsqueda de pertenencia, la adrenalina, el poder y el reconocimiento suelen tener mayor peso que las carencias económicas.

De ahí, agregó, la necesidad de fortalecer el tema socioemocional y las estrategias de prevención desde las familias, las escuelas, las comunidades y los entornos recreativos, para que las y los adolescentes cuenten con espacios que les brinden un sentido de pertenencia lejos de estos grupos delictivos.

“Por ejemplo, si un parque cerca de la colonia de los adolescentes es concurrido por grupos de otros jóvenes que consumen drogas, que se dedican a actividades ilícitas, es más fácil que los adolescentes más pequeños sean cooptados o se interesen en este tipo de estilo de vida, pero si en su parque llevamos deportes, cine, dinámicas en los que ellos puedan participar y sentirse incluidos como parte de la comunidad, ese espacio público se puede convertir en un factor de prevención”, explicó.

También advirtió que la impunidad es otro factor que influye en la decisión de algunos jóvenes de involucrarse en actividades delictivas, pues mientras exista la percepción de que los delitos no tienen consecuencias, el riesgo de que más adolescentes opten por ese camino seguirá presente.

“Debemos de trabajar en prevención, debemos de trabajar en la generación de alternativas, pero las autoridades deben trabajar en disminuir la brecha de impunidad”, dijo.

Añadió que otros de los factores de riesgo identificados por la organización es el inicio temprano en el consumo de alcohol y otras sustancias, ya que existen estudios que señalan que niñas y niños comienzan a consumir sustancias desde los 10 años de edad. Así como el tema de las redes sociales, las cuales han contribuido a normalizar la narcocultura y acercar a algunos adolescentes a este tipo de entornos.

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