El acuerdo social, unánime, para la reconstrucción de las enormes afectaciones por la violencia tendría que hallarse en proceso de consolidación en la víspera de que Sinaloa cumpla dos años de la guerra librada entre células del narcotráfico, misma que continúa al igual que las pérdidas incuantificables en lo social, político y económico.

En el momento en que los operativos de seguridad pública presentan mejores resultados, la sociedad lucha por recuperar las dinámicas y espacios que legítimamente le pertenecen, y el activismo cobra vigor desde la resiliencia, deben accionarse los esfuerzos desde el tesón cívico con criterios de pluralidad, participación ciudadana, visión de futuro y la expectativa de no repetición.

Los segmentos e iniciativas que realizan esfuerzos para bosquejar el Sinaloa de la posguerra encuentran pocas posibilidades de éxito debido a la dispersión y apatía que derivan de la frustración y el sentimiento generalizado de ausencia de gobierno, estado de cosas que reclama la unidad de arrestos y buenas intenciones que le dé forma al pacto social que restituya el desarrollo, los derechos humanos y la fe en las instituciones.

La concatenación de propósitos requiere que los sinaloenses dejemos de esperar a que los gobernantes nos resuelvan las dificultades, posibilidad en falso cuando los políticos en el poder son parte del problema, o creer que los ciudadanos podemos hacerlo sin el gobierno, premisa que significa quitarles la responsabilidad a servidores públicos que disponen de recursos financieros, estructura humana y técnica, así como la obligación que la ley les asigna.

Sinaloa se está tardando en estructurar la mayor alianza de todos los tiempos frente al flagelo de la violencia asestada por el crimen organizado que golpea el tejido social como nunca antes. La aglutinación sin distingos de los pacíficos para edificar las barreras contra las atrocidades con los ladrillos de la educación, la cultura, los valores, la justicia, los empleos lícitos y el desarrollo sustentable y sostenible.