En el marco del Día del Internauta (celebrado cada 23 de agosto), la conversación sobre la transformación digital en México toma un giro crucial.

A 35 años de la creación de la primera página web, el uso de internet ha dejado de ser una novedad exploratoria para convertirse en la columna vertebral de los trámites, expedientes médicos, finanzas, educación y básicamente para todas las actividades del día a día. Sin embargo, especialistas advierten que la infraestructura digital pública mexicana enfrenta un reto urgente: la aprobación de una Ley Marco de Ciberseguridad y Ciberdefensa.

La urgencia cobró vigencia tras el reciente ataque del grupo cibercriminal transnacional Chronus, el cual vulneró los sistemas de 25 instituciones públicas y educativas en México, filtrando cerca de 2.3 terabytes de datos e impactando a un estimado de 36.5 millones de personas.

“Ningún país ni institución es inmune a grupos criminales altamente sofisticados. La pregunta clave no es solo por qué ocurrió, sino con qué herramientas legales, presupuestales y técnicas cuenta México para responder mejor cada día”, aseguró el Dr. David Leopoldo Guido Aguilar, especialista en seguridad.

Aunque México ha desarrollado capacidades de respuesta y políticas internas de ciberseguridad en la administración pública, desde 2018 han desfilado cerca de una decena de iniciativas parlamentarias sin concretarse en un marco normativo definitivo.

Una Ley Marco de Ciberseguridad permitiría: Definir y blindar la infraestructura crítica del Estado, garantizar presupuestos sostenidos sin importar los ciclos o relevos políticos, establecer reglas claras de coordinación entre dependencias gubernamentales y equipos técnicos, así como respaldar legalmente a los funcionarios y especialistas que defienden diariamente las redes públicas.

Frente a un crimen organizado que evoluciona de forma muy ágil, la ciberseguridad actual no se resuelve de forma aislada. En este contexto, el ecosistema empresarial juega un rol clave como aliado estratégico de las instituciones públicas.

Grupos como Impaktum, a través de firmas de tecnología y seguridad avanzada comoKARSOS, liderada por Enrique Karchmer y Alejandro Karchmer, ejemplifican el modelo de acompañamiento técnico necesario: resolver problemas complejos en condiciones reales e integrar tecnología de alto nivel para proteger la información de los ciudadanos.

“Legislar no elimina los riesgos por sí solo, pero un marco legal sólido convierte las iniciativas individuales en una política de Estado resistente y adaptable. Es momento de dotar a la vida digital de los mexicanos de la misma protección y seriedad con la que resguardamos nuestra vida física”, concluyó Dr. David Leopoldo Guido Aguilar, especialista en seguridad.