La llegada de mil 300 elementos más del Ejército Mexicano a Sinaloa, y el aumento de crímenes de alto impacto en el sur del estado, plantean la factibilidad de revisar la estrategia de seguridad pública partiendo del reconocimiento de la realidad en la cual la mayor presencia de fuerzas armadas y de policías no detiene a la delincuencia que prosigue moviéndose para dispersar miedo sin ser detectada y en la impunidad.

Los recientes ataques de grupos armados en Mazatlán que privaron de la vida a una persona en un campo de golf, la agresión con armas de fuego contra cinco jóvenes deportistas que asesinó a dos de éstos, y el uso de artefactos explosivos en la zona del arco que da la bienvenida a Escuinapa, refrendan la enorme capacidad del crimen organizado al tratarse de librar el cerco de protección a los ciudadanos tendido por el gobierno.

La recién designada gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, recibe como alta prioridad la decisión de ajustar las acciones de seguridad pública para presentar mejores resultados en el combate a la violencia o continuar con la expectativa de que más de 15 mil militares enviados por el Gobierno Federal lograrán la pacificación que se acerca a dos años sin ser concretada.

La crisis de la seguridad en el sur del estado certifica que son insuficientes los operativos coordinados entre Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales y estatales porque sin gabinete de inteligencia e intervención de fuerzas élite el avance en las labores de pacificación será lento, lo cual permite que las células del narcotráfico reciban ataques y se recuperen rápido para prolongar la acción criminal.

La obligación de los servidores públicos para garantizar la ley y el orden tiene que ver con moderar el discurso del “vamos bien”, “estamos trabajando coordinados” o “iremos hasta las últimas consecuencias legales”, y ponderar resultados que se traduzcan en la percepción social de tranquilidad fundada en la legalidad, porque igual que están cayendo las víctimas de las balas del crimen proceden a desplomarse la confianza en las instituciones y quienes las presiden.

Sin ánimo de descalificar los avances que son reales en el combate a la narcoguerra, es importante revisar la estrategia de seguridad pública y ajustarla al comportamiento de la delincuencia que sí implementa ajustes continuos. En Mazatlán y el sur del estado la narcoguerra no da tregua en la embestida generalizada con sus sicarios y arsenales que circulan sin topar con las barreras militares o policiacas que son muchas, pero insuficientes e incapaces para ofrecer la tranquilidad y legalidad que a la sociedad le urge.