Colectivos de familiares y organizaciones que les acompañan reclaman a la Fiscalía General de Justicia de Guanajuato que realice un trabajo intermitente e irregular en la recuperación de restos en un pozo de San Salvador Torrecillas, en Villagrán; el rezago en la identificación de cuerpos que permanecen en el panteón forense, así como la falta de coordinación con autoridades federales para proteger adecuadamente a la familia del adolescente José Juan Arias Solís y su papá José Juan Arias Corona, desaparecidos en distintas fechas del año pasado.

Este domingo, en el marco del Día Internacional por las Víctimas de Desapariciones Forzadas, colectivos de familiares desplegaron diversas concentraciones, actos de memoria, marchas y colocación de monumentos y fichas en ciudades del país.

En Guanajuato, los eventos de conmemoración y protesta se realizaron por algunos de los más de 30 colectivos que actualmente existen en la entidad, en municipios como León, Celaya, Salamanca, Irapuato, Juventino Rosas y Apaseo el Grande, donde además recordaron pendientes que al día de hoy tienen las autoridades responsables de cumplir con las acciones de búsqueda e investigación que esas familias han asumido desde hace años.

Apenas un día antes, el gobierno del estado realizó en la capital una feria de servicios para familias buscadoras, inaugurada por la gobernadora Libia Dennise García. La Fiscalía de Justicia fue una de las instancias que participó junto con 21 dependencias del estado, para brindar diversas atenciones: salud, asesoría jurídica, registro civil y vinculación y capacitación laboral, entre otros.

De todos modos, la Fiscalía no se salvó de que colectivos y organizaciones señalaran la agenda pendiente en mensajes y movilizaciones el domingo.

A la fecha, la entidad que se ubica entre las diez con mayor número de desapariciones y fosas clandestinas del país y, según registros del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), tiene 5 municipios entre los 100 con más personas desaparecidas en México: Celaya (lugar 29), León (lugar 43), Irapuato (lugar 45), Salamanca (lugar 91) y Villagrán, en el lugar 93.

De acuerdo con este registro del IMDHD, estos municipios concentran casi la mitad del total de personas desaparecidas en todo el estado. De los cinco, Villagrán presenta la tasa más alta: 46 por cada 100 mil habitantes.

Datos de la Plataforma por la Paz y del Laboratorio de Resistencias contra las Desapariciones (Red Lab) de la Universidad Iberoamericana indican que, al 26 de agosto de este año, había 5 mil 588 personas desaparecidas en el estado; al 21 de marzo se reportaban mil 105 cuerpos no identificados en el panteón forense y 37 identificados pero no reclamados, un rezago forense que los colectivos han exigido a la Fiscalía del estado abatir.

En un comunicado en el marco de esta fecha, la Plataforma por la Paz y la Justicia, organización de acompañamiento a familiares de víctimas de desaparición, refirió que entre los 15 sitios de hallazgos que se han localizado en Villagrán figura un pozo donde se han recuperado indicios de personas desaparecidas, pero en el cual las labores de la Fiscalía de Justicia han sido intermitentes y no se ha llegado al fondo del mismo, a pesar de que han sido logradas al menos 11 identificaciones positivas, 14 indicios, 4 perfiles genéticos y 4 personas sin identificar, hasta mayo de este año.

Este pozo está localizado en territorio de la comunidad de San Salvador Torrecillas, en la zona de influencia y control del cártel de Santa Rosa de Lima, en un triángulo comprendido entre Celaya, Juventino Rosas y Villagrán.

Uno de los indicios recuperados corresponde al reportero Víctor Manuel Jiménez Campos, cuya desaparición ocurrió en 2020, luego de haber acudido a un campo deportivo a realizar una cobertura periodística.

Es decir, este pozo ha sido utilizado para estos actos criminales por lo menos desde 2020.

Y aunque la Fiscalía del Estado se ha comprometido a mantener las acciones de búsqueda, estas se han interrumpido regularmente; esto “viola el derecho a ser buscado y los derechos a la verdad y la justicia”, recordó la Plataforma por la Paz.

Por lo denunciado por familiares de víctimas sobre este pozo, se solicitó una Acción Urgente al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas (la 1414/2021), a fin de que se conmine al fiscal Gerardo Vázquez Alatriste a realizar la recuperación hasta el fondo del pozo, con equipo especializado, de manera sistemática hasta que se concluya con dicha recuperación.

“Exigimos que la Fiscalía realice un análisis de contexto sobre el sitio de hallazgos y que solicite asistencia técnica de equipos expertos internacionales para establecer un plan forense para el pozo. ¿Qué oculta la Fiscalía o qué encubre que interrumpe intermitentemente la búsqueda?”, fue la pregunta lanzada por la organización.

Desacato y una familia en riesgo

Luego de la presunta desaparición forzada en Valle de Santiago del adolescente José Juan Arias Solís en junio de 2025, y de la desaparición de su papá, José Juan Arias Corona, en diciembre del mismo año, el resto del núcleo de esta familia se encuentra en una situación de riesgo y no ha recibido la debida protección de parte de autoridades federales y estatales.

Mientras tanto, José Juan y su papá siguen sin ser localizados.

Por ambas situaciones, como organización acompañante, la Plataforma por la Paz y quienes fueron los asesores legales de la familia recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, la misma que otorgó la medida cautelar 15/2025 para que los gobiernos articularan un plan integral de búsqueda, establecieran un esquema de protección para el resto de la familia, así como un análisis de riesgo real y para lo cual se tomara en cuenta la voz de dichos familiares.

Sin embargo, de acuerdo con lo expuesto por la Plataforma, las autoridades han incurrido en un desacato en el cumplimiento de las medidas, fundamentalmente por falta de coordinación, lo que “ha colocado en riesgo al núcleo familiar” Arias Solís.

Sobre este caso, Poplab ha preguntado en varias ocasiones a la presidenta Claudia Sheinbaum en la conferencia mañanera. En respuesta, la presidenta en principio aseguró que instancias como la Guardia Nacional, presuntamente involucrada en la desaparición forzada de José Juan Arias Solís, debían colaborar y atender los requerimientos de la autoridad encargada de la investigación por su desaparición (primero la Fiscalía del Estado y posteriormente la Fiscalía General de la República, misma que atrajo el caso).

Posteriormente, Sheinbaum aseguró que la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, atendería directamente el caso.

Debido a que no había avances en el caso, se solicitó nuevamente información, y la Secretaría de Gobernación entregó a este medio una tarjeta informativa el 1 de julio, en la que señaló que la FGR “aún realiza las investigaciones” y no ha concluido la intervención de elementos de la Guardia Nacional en la desaparición forzada del adolescente.

Y ante “los señalamientos” sobre amenazas en contra del resto de la familia Solís, la madre del muchacho fue incorporada al Mecanismo Federal de Protección de personas defensoras y periodistas y recibe medidas tanto de esta instancia como de la propia FGR.

Segob indicó que a esa fecha, y sobre todo ante las acciones solicitadas por instancias internacionales como el Comité de Desaparición Forzada y la CIDH, se habían realizado “10 reuniones de seguimiento a las acciones de investigación y búsqueda” con las instituciones involucradas, la familia y su representación, entre octubre de 2025 y junio de 2026, y se tenía otra prevista para julio.

Pero nada informó la dependencia federal sobre los resultados de las mismas.

En dichas reuniones, indicó Segob, participan estas autoridades: la FGR, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato; el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; la Comisión Nacional de Búsqueda; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; la Comisión Estatal de Búsqueda de Guanajuato y Jalisco, y la Coordinación para la Atención de Casos en Organismos Internacionales de Derechos Humanos.

Ante la falta de resultados, la Plataforma por la Paz ha enviado una nueva comunicación a la CIDH para que esta solicite a la Corte Interamericana que ordene medidas provisionales por el riesgo que corre la familia y para la búsqueda tanto de Juan José como de su papá.

Estas medidas provisionales son un mecanismo excepcional de protección que puede ordenar la Corte en aquellos casos en que exista riesgo inminente, situaciones de extrema gravedad o urgencia que puedan causar daños irreparables a víctimas, sobre todo cuando las medidas ya implementadas han sido insuficientes o no se han cumplido.

Este contenido fue originalmente publicado en ZonaDocs, integrante de Territorial alianza de medios. Aquí puedes ver su publicación.