Con el ataque a un restaurante de comida asiática del sector Tres Ríos en Culiacán; cuatro feminicidios reportados, dos en Mazatlán, uno en Culiacán y otro en Escuinapa, y asesinatos como los tres cometidos en un solo domicilio de la colonia Urbi Villas del Sol de la capital del estado, en el cierre de semana el crimen organizado derrotó la narrativa gubernamental de violencia de alto impacto a la baja y la estrategia de despliegue de más fuerza militar para recuperar la seguridad pública.

También echó abajo la expectativa de tranquilidad que apenas se asentaba en familias que retomaban la convivencia y recreación con la confianza de que el patrullaje, retenes y golpes a los pertrechos de la delincuencia establecían condiciones adecuadas de legalidad y gobernabilidad al menos para volver a los espacios públicos y reanudar las actividades sociales y económicas.

Frente a la violencia que recrudece, el Gabinete de Seguridad Nacional procedió al envío de otros cien integrantes de las fuerzas especiales del Ejército sosteniéndose firme en las acciones de más elementos de las secretarías de Defensa, Marina, Guardia Nacional y Policía Federal como única respuesta que ofrece a la acometida de la narcoguerra que arrasa con sinaloenses y sectores pacíficos.

En el inicio de esta nueva burbuja de inseguridad la gobernadora Graciela Domínguez Nava declaró en Mazatlán el 25 de septiembre, al cumplirse el primer mes desde que asumió el cargo, que los eventos de violencia de alto impacto mostraban una tendencia a la baja en Mazatlán, reincidiendo en el error de evaluar con base a períodos de corta evidencia y exponiéndose a que la realidad desmienta a tal deducción precipitada.

La estrategia contra la narcoguerra de Sinaloa no puede mantenerse inalterada ante la incidencia delictiva que prosigue pese a operaciones castrenses y policiales burladas por criminales que se mueven y actúan libremente. Si es verdad que en la protección a los sinaloenses participan miles de militares, de igual manera resulta verosímil la consideración ciudadana respecto al miedo y predominio que impone el crimen organizado.