El asesinato de dos mujeres durante el ataque de un grupo armado a una vivienda del sector Loma Bonita, en Mazatlán, es la evidencia trágica de que los enormes destacamentos de fuerzas federales están rebasados por la delincuencia y que el gobierno de Claudia Sheinbaum le queda debiendo a Sinaloa la gran acción del Estado mexicano para contener la violencia.

El suceso de la madrugada de hoy denuncia no solamente a los perpetradores de los crímenes sino también a las instituciones federales y estatales que están a cargo de la seguridad pública y tardan, con el costo de centenas de vidas humanas, en estructurar la estrategia que saque a Mazatlán de la ingobernabilidad traducida en el desamparo y frustración de ciudadanos bien.

¿Qué les falta para hacer valer la ley y llevar ante la justicia a criminales que todos los días ponen en jaque a los operativos de seguridad? Los despliegues de soldados, policías, fuerzas especiales del Ejército y la Marina, la presencia militar en todo Mazatlán y las frecuentes reuniones de la Mesa de Seguridad estatal y del Gabinete de Seguridad nacional reciben la respuesta que refrenda la atrocidad y libre operación del hampa.

El lunes 28 de este mes fue asesinada en la colonia Ampliación 12 de octubre de Los Mochis una mujer embarazada, de nombre Fernanda, cuyo bebé también perdió la vida, lo cual aporta a que los feminicidios registrados en Sinaloa suban a 26 durante septiembre y 114 en 2026, apartado doloroso de la narcoguerra que en más de dos años suma alrededor de 4 mil homicidios dolosos.

En Sinaloa se les agota el tiempo a la presidenta Sheinbaum y su secretario de Seguridad Pública y Protección, Omar García Harfuch, en la responsabilidad que les atribuye la Constitución para velar por la legalidad y estabilidad como soportes de la paz. La violencia se mantiene inalterada y el reloj de la resistencia marca el límite de los tiempos que es capaz de soportar una sociedad bajo condiciones de marcada ausencia de autoridad y palpable crueldad criminal.