Durante décadas, los habitantes de La Ribera, ejido ubicado en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur, utilizaron su territorio para el beneficio común. Por ejemplo, para pescar. Eso cambió cuando llegaron las expropiaciones y se realizaron asambleas para privatizar parte de los terrenos comunitarios. Hoy, más del 77 % de la superficie de la comunidad está en manos de empresas privadas que han desarrollado proyectos turísticos.
El ejido La Ribera es uno de los casos de apropiación de tierras de propiedad social incluidos en la investigación
La situación agraria en México, realizada por el colectivo GeoComunes. Si bien el trabajo documenta casos en Quintana Roo y Baja California Sur, los hallazgos muestran las acciones más recurrentes que la industria turística realiza para adueñarse del territorio comunitario en muchas zonas costeras del país.
Desde su conformación en 2014, los integrantes del colectivo GeoComunes utilizan la investigación científica y la creación de mapas como herramientas para fortalecer la autodeterminación de pueblos y comunidades, frente a factores que amenazan su territorio.
Además de acompañar diversas comunidades en la defensa de su territorio, también realizan investigación. En esta área, uno de sus proyectos principales es analizar la situación de los ejidos y las comunidades agrarias, las dos formas de propiedad social de la tierra que hay en México. Para ello, han creado geovisualizadores y han realizado diversas investigaciones.
La investigación más reciente de GeoComunes se conforma por dos cuadernos que analizan las estrategias de apropiación de tierras comunitarias por parte de sectores económicos específicos. El primer cuaderno lo dedicaron a la minería; el segundo, publicado en julio de este año 2026, se enfoca en el turismo.
El trabajo de GeoComunes se ancla mucho en mostrar datos a través de mapas porque, éstos ayudan a “tener una reflexión sobre lo que está ocurriendo en el territorio… ayudan a evidenciar, a entender ciertas lógicas que a veces pueden ser un poco complejas”, explica Yannick Deniau, maestro en geografía e integrante del colectivo.
“Lo que hacemos tiene que ver con cuestionar el discurso hegemónico sobre el desarrollo (…) en el sentido de fortalecer la argumentación, las pruebas y la validez social de los argumentos de las personas o de las poblaciones directamente afectadas por estos proyectos”, explica la geógrafa Isabel Velázquez, una de las investigadoras de GeoComunes.
La propiedad social se pierde
La propiedad social es un régimen de tenencia de la tierra en el que una porción de territorio pertenece de forma colectiva a un grupo o comunidad. Es decir, no es propiedad privada; los dueños no son una persona, una empresa o el Estado.
México tiene un modelo único en el mundo de propiedad social: son los ejidos y comunidades agrarias.
De acuerdo con el Registro Agrario Nacional, alrededor del 50.8 % del territorio nacional es propiedad social. Dentro de ese porcentaje se concentran dos terceras partes de los recursos hídricos y el 70 % de bosques y biodiversidad del país.
Velázquez explica que estos territorios de uso colectivo son importantes no sólo porque permiten proteger las actividades económicas tradicionales de cada región, sino porque convierten a las comunidades en sujetos políticos con capacidad para gestionar gran parte de la superficie del país, incluyendo áreas protegidas y recursos naturales valiosos.
“Son sujetos, en este caso colectivos, que pueden tener o que tienen legalmente la capacidad de decidir”, enfatiza la investigadora. Cuando se habla de ejidos y comunidades agrarias, dice, “se piensa sobre todo en el aprovechamiento agrícola o ganadero, pero en realidad la dotación habla de tierras, bosques y agua”.
A pesar de su importancia, la integridad de los ejidos y comunidades agrarias es continuamente amenazada por actividades económicas extractivas y procesos de urbanización que promueven la privatización de la tierra.
En el caso de núcleos agrarios ubicados en zonas costeras, la principal presión es la industria turística que, de acuerdo con la investigación de GeoComunes, “detona y se alimenta de despojos múltiples”.
“[El turismo] es un sector que, a diferencia de otros, requiere la certidumbre absoluta de esa posesión (de la tierra). Entonces requiere la compra (…) En la medida en que es más omnipotente, más generalizado, pues es más difícil de contener sus efectos negativos”, asegura Velázquez.
El estudio de GeoComunes documenta el caso específico de ejidos de Quintana Roo y Baja California Sur que han enfrentado la pérdida de miles de hectáreas, en favor de la construcción de infraestructura relacionada con el turismo: zonas hoteleras, conjuntos residenciales, parques recreativos o campos de golf.
Esta situación es evidente en las zonas turísticas de Cancún, Cozumel, Puerto Morelos y Playa del Carmen, en Quintana Roo. Buena parte de la infraestructura turística se construyó dentro de territorio que originalmente había sido destinado a campesinos que declararon vivir del monte como explotadores del chicle, chicozapote y resinas de árboles de la selva.
En el otro extremo del país, en Baja California Sur, ejidos como Todos Santos, El Pescadero, Cabo San Lucas, San José del Cabo, La Ribera, El Sargento y San Vicente de los Planes también han experimentado el mismo fenómeno.
De hecho, de acuerdo con el estudio de GeoComunes, más del 65 % de los ejidos de la entidad peninsular ha privatizado alguna parte de su territorio.
Yannick Deniau afirma que una de las principales consecuencias de esa privatización es la dependencia económica que genera en las comunidades, al verse obligadas a dejar de lado otras actividades productivas para vivir del turismo.
“Al final pierden la posibilidad de mantener actividades más comunitarias o familiares”, resalta Deniau. En algunos casos, a la gente del lugar se les ofrece entrar como trabajadores en la industria turística, pero “en condiciones que obviamente no son nada ventajosas”.
La investigación destaca otras afectaciones derivadas de la privatización del territorio, entre ellos los daños a la biodiversidad, la contaminación y la pérdida de fuentes de agua. Todo ello abona a incrementar las condiciones de vulnerabilidad de los habitantes originales de esos sitios.
Entre expropiaciones y cambios en el uso de las tierras
Velázquez apunta que en su investigación identificaron tres patrones comunes en todos los procesos de apropiación de la propiedad social a lo largo del país: las expropiaciones, los cambios de destino y la conformación de dominio pleno.
La expropiación es un proceso mediante el cual el gobierno, de manera unilateral, quita a los dueños de la tierra parte de su territorio para pasarla al dominio público.
De acuerdo con el Artículo 27 de la Constitución mexicana, está acción siempre debe llevarse a cabo “por causa de utilidad pública”. Sin embargo, la investigación de GeoComunes encontró que este argumento ha sido utilizado en zonas costeras del país para beneficiar a la industria turística a costa de las comunidades locales.
En Quintana Roo, por ejemplo, según se lee en la investigación, decretos de expropiación llevados a cabo entre la década de los setenta y el año 2000 permitieron iniciar el desarrollo de los principales polos turísticos al norte de la entidad. Un proceso que afectó más de 50 mil hectáreas de propiedad social.
Por otra parte, el cambio de destino y la adopción de dominio pleno son acciones que realizan las asambleas de cada ejido o comunidad agraria para que una porción del territorio deje de ser de uso común y pueda ser posteriormente privatizada.
El cambio de destino y la adopción de dominio son actos que se contemplan en la Ley Agraria, sin embargo, los investigadores también detectaron que es muy común que se realicen en forma irregular.
“El proceso de cambio de destino es un acto que corresponde para ciertos temas, para formalizar un proceso propio de la vida agraria o del núcleo agrario, pero hoy en día se está ocupando no para eso, sino para garantizarle tierras baratas a algunos sectores del capital (…) en algunos casos sí ocurre de manera ilegal cuando se parcelan tierras que están en zonas boscosas o en zonas de selvas”, explica la investigadora.
Tanto en las expropiaciones como en los procesos de cambio de destino y conformación de dominio pleno, el Estado tiene un papel central.
“El Estado ha tenido un papel activo, no solamente en el sentido de dejar de lado el sector primario, de descampesinizar; no solamente con la anuencia a dejar de lado este sector, sino principalmente haciendo cosas más activas, como, efectivamente, las expropiaciones”, resalta Velázquez.
Investigar para fortalecer a las comunidades
El turismo no es la única industria que reconfigura los límites de la propiedad social en México. Actividades como la minería o el sector energético también se expanden sobre territorio colectivo a lo largo del país.
Para ayudar a las comunidades a defenderse de esas amenazas, GeoComunes lleva más de diez años realizando investigaciones científicas, espacios de formación y procesos de acompañamiento con el objetivo de llevar información a las zonas afectadas y, así, fortalecer su autodeterminación.
Una de sus principales herramientas es la cartografía, es decir, la elaboración de mapas y bases de datos georreferenciadas que, como indica Yannick Deniau, “es una herramienta que facilita, sobre todo, la discusión o la comprensión. (…) A veces en el mero texto pueden ser muchos datos y abrumar”, dice.
Para la investigación sobre la Situación Agraria en México, el colectivo elaboró un geovisualizador digital que integra información publicada del Registro Agrario Nacional con datos obtenidos mediante solicitudes de transparencia, permitiendo la consulta y descarga de información sobre la situación de la propiedad social en cada región del país.
El objetivo, explican los investigadores, es visualizar los patrones frecuentes de aprovechamiento del territorio social para impulsar acciones de prevención.
“Para casos en los cuales a lo mejor todavía no han llegado esos procesos o esos engaños, que la gente sepa. Y que a lo mejor el día que empiecen a acercarse algunas personas a las asambleas, se puedan crear un poco esas alarmas”, asegura Deniau.
El estudio sobre las estrategias de apropiación de la propiedad social por parte del turismo forma parte de una serie de textos de investigación que buscan complementar la información aportada por el geovisualizador, mediante la documentación de casos específicos en sectores que son “icónicos del despojo”, como los describe Velázquez.
El primer sector en ser analizado fue la minería, caracterizada por ser una actividad que provoca transformaciones irreversibles sobre el territorio y que requiere expandirse constantemente. Próximamente, realizarán otro estudio sobre el sector energético.
“Veíamos importante meternos a casos muy concretos. De qué ha pasado en este núcleo agrario en particular o en esta región, porque si tomamos los datos tal cual de la base de datos nacionales pues hay un montón de cosas que no vamos a entender desde ahí”, insiste Deniau.
Pero no basta con hacer investigación. En la entrevista con Corriente Alterna, los investigadores Isabel Velázquez y Yannick Deniau concluyen que hace falta la colaboración constante con personas de la academia y del periodismo para ampliar la discusión sobre la propiedad social y así proteger mejor a las comunidades frente a los impactos negativos de los proyectos de desarrollo.
“Hay un trabajo que creemos que puede ser colaborativo entre varios tipos de actores que permita que lo que queda en una plataforma, en un texto, llegue a esos espacios”, reitera Deniau.
Para Velázquez, “cada comunidad tendría que ser quien tuviera más peso al decidir qué quieren y qué no. Hasta dónde dan cierta agua, hasta qué territorio, sí dejan a este sector y cuáles no”.
“Cada comunidad tendría que ser quien tuviera más peso al decidir qué quieren y qué no”, dijo Isabel Velázquez.
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