Culiacán, Sinaloa.- Rumbo a las elecciones de 2027, y en medio de un contexto de violencia prolongado desde hace dos años, Sinaloa se coloca, en lo que va del 2026, como la entidad con más víctimas de ataques contra funcionarios y actores políticos que cualquier otro estado del país.
Entre enero y septiembre de 2026, Sinaloa acumuló 39 víctimas de estas agresiones, de acuerdo con datos de Votar entre balas, de Data Cívica. De ese total, 23 corresponden a Culiacán y 10 a Escuinapa, dos municipios que además de figurar en este registro, también han sido particularmente afectados por la violencia derivada de la disputa entre grupos del crimen organizado que se mantiene en Sinaloa desde septiembre de 2024.
Esto se refleja en los datos, pues en Sinaloa, siete de cada 10 víctimas registradas durante 2026, pertenecían a corporaciones de seguridad, como policías municipales, agentes de tránsito y elementos de la Guardia Nacional, quienes se han convertido en blancos directos de agresiones criminales.
De acuerdo con “Votar entre Balas”, seis de cada 10 víctimas en el estado correspondían a Culiacán. Mientras que en el caso de Escuinapa, se documentaron seis eventos de violencia político-criminal de enero a septiembre de 2026, cifra que equivale al doble de todos los casos registrados en ese municipio durante los tres años anteriores sumados.
En nueve meses de 2026, Sinaloa ha alcanzado un nivel de violencia político-criminal muy elevado. Según Data Cívica, hasta 2023 el número de eventos en el estado oscilaba entre 2 y 7 al año y no sobrepasaba el 5% del total del país. A partir de 2024, la entidad comenzó a registrar cambios importantes ya que los eventos subieron a 25 en 2024 y a 56 en 2025, cuando Sinaloa concentró el 12.1% de todos los eventos del país.
Entre los eventos que han ocurrido este año en Sinaloa, se encuentra el caso de David Ramírez, síndico de Tepuche, quien fue localizado sin vida el 4 de septiembre, horas después de que familiares reportaran su desaparición.
Asimismo, el 31 de marzo, cuatro elementos de la policía municipal de Escuinapa, entre ellos el subdirector operativo, Esteban Gutierrez, fueron emboscados y asesinados por un grupo de civiles armados en la comunidad de Tecualilla.
“La guerra interna del Cártel de Sinaloa, las acusaciones en contra del gobernador Rubén Rocha Moya y el inicio del proceso electoral de 2027 son factores que podrían ayudar a explicar este incremento relativo de la violencia político-criminal en el estado”, se lee en el informe de septiembre de Votar entre balas.
Por lo que, estos datos resultan relevantes no solo por el contexto de inseguridad que se vive en el Estado, también por sus posibles implicaciones en las elecciones de 2027, donde Sinaloa elegirá gubernatura, diputaciones locales y presidencias municipales.
El análisis de Data Cívica “DEMOCRACIA VULNERADA: El crimen organizado en las elecciones y la administración pública en México”, documenta que la violencia contra funcionarios y actores políticos no solo pone en riesgo a quienes ocupan cargos públicos, también puede afectar las condiciones en las que la ciudadanía participa en las elecciones.
“En un proceso electoral, estos ataques son simplemente la cara más visible de la búsqueda del crimen organizado por incidir en la esfera política —apoyando o removiendo candidaturas—, al mismo tiempo que también afecta el proceso de organización de elecciones y moviliza o desmoviliza votantes”, señala el análisis.
Advierte también que las agresiones pueden utilizarse para influir en quienes llegan a los cargos públicos y en las decisiones de los gobiernos municipales.
El panorama nacional
Para septiembre de 2026, Data Cívica registró 36 víctimas de violencia político-criminal en 12 estados. Guerrero concentró nueve eventos, seguido de Sinaloa con seis y Baja California con cinco.
Imagen: Data Cívica
Además, contabilizó 2 mil 605 eventos de violencia político-criminal entre 2018 y septiembre de 2026, con un total de 3 mil 81 víctimas en México. De estas, el 79 por ciento corresponde a hombres.
Se trata de funcionarios públicos y actores políticos que han sido víctimas de amenazas, asesinatos, ataques armados, atentados, desapariciones y secuestros, así como agresiones a instalaciones públicas y partidistas.
Data Cívica
Son rastros de violencia que, para Data Cívica, pueden tener consecuencias que van más allá de las víctimas directas, pues también pueden dificultar la organización de los comicios e inhibir la participación ciudadana.
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