Al registrar Sinaloa el 27 de octubre 12 de las 49 muertes por violencia en México vuelve a mostrarse sin matices la crisis de la seguridad y la insuficiente estrategia federal que envió ayer al secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y hoy estará el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, en labores de supervisión de los operativos para la pacificación.

 

La misma dependencia que preside García Harfuch dio a conocer que los 12 homicidios dolosos cometidos en Sinaloa el martes representan una cuarta parte del total perpetrados en el país, correspondiéndole a la entidad el deshonroso primer lugar y la evidencia de que a los gobiernos federal, estatal y municipales les queda bastante por hacer para garantizarles a los ciudadanos condiciones de tranquilidad y legalidad.

La estadística de delitos y los hechos recientes de alto impacto, como el sucedido ayer al colocar sujetos no identificados una hielera con restos humanos en el edificio sede del Ayuntamiento de Mazatlán, exigen que la continua presencia en Sinaloa de los altos mandos del Gabinete de Seguridad federal se traduzca en resultados tangibles y permanentes del sometimiento de la delincuencia y ésta deje de operar a sus anchas diseminando miedo en los ciudadanos pacíficos y desafíos al Estado mexicano.

Sinaloa ha resistido más de la cuenta fincando la confianza en las autoridades federales, en los enormes despliegues de fuerzas armadas, y en la anulación de actores y factores generadores de violencia, pero la exigencia, ahora, consiste en que la presidenta Claudia Sheinbaum y la gobernadora Graciela Domínguez concreten la paz y justicia como jefas de las instituciones y con apego al juramento de guardar la Constitución y desempeñar con eficacia los cargos.

El hecho de encabezar Sinaloa la comisión de delitos asociados al choque de grupos del narcotráfico le da lugar al efecto dominó que en lo estatal, nacional e internacional le añade a la mala fama con consecuencias económicas, sociales y políticas. Además, los retos que la delincuencia le lanza con asiduidad al gobierno generan la decantación de los pilares de gobernabilidad y estabilidad que son el soporte de los quehaceres legítimos de ciudadanos y sectores.