Culiacán, Sinaloa.- El conflicto entre la administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y sus trabajadores jubilados sigue sin encontrar una salida. Mientras que los pensionados continúan con manifestaciones y reclamos por los descuentos aplicados a sus ingresos, el rector mantiene el discurso de que la institución enfrenta dificultades para cubrir el pago de salarios y aguinaldos.
En medio de ese escenario la gobernadora Graciela Domínguez tomó dos decisiones que ocurren en paralelo. Por un lado, recibió a la Asociación de Jubilados y el Frente de Jubilados de la UAS, dos agrupaciones que solicitaron su gestión para terminar con los descuentos que se les realiza a sus pensiones. Y por otro, adelantó 146 millones de pesos a la institución para que ésta pudiera cubrir la segunda quincena de octubre a sus trabajadores.
El encuentro con los jubilados se realizó luego de que estos solicitaran en repetidas ocasiones una reunión con la mandataria. Heriberto Arias, integrante del Frente de Jubilados, explicó que la conversación no derivó en un acuerdo concreto, pero sí permitió que expusieran su situación y plantearan que los descuentos afectan sus derechos como personas adultas mayores.
“Ella escuchó nuestro planteamiento que fuimos a presentarle como adultos mayores que estamos siendo afectados en nuestros derechos humanos, sobre todo, el derecho humano a la supervivencia a través de recibir un salario. Situación que la administración de la UAS olímpicamente violenta y no respeta”, dijo.
El vocero mencionó que durante la reunión, las y los jubilados dieron a conocer que con los descuentos del 5 al 20 por ciento en sus prestaciones jubilatorias, se les están violentando sus derechos como personas adultas mayores.
Sin embargo, no le pidieron dinero, sino que exigieron se aplique la Ley de Protección de los Derechos de los Adultos Mayores, la cual obliga a los tres órdenes de gobierno a tutelar su supervivencia económica.
La respuesta de la gobernadora, dijo Heriberto Arias, fue revisar el marco legal aplicable y las posibilidades de actuación del Gobierno estatal para atender el problema. Para dar seguimiento, agregó, buscarán en los próximos días al subsecretario de Gobierno, Rodolfo Jiménez, para conocer si existe algún avance.
Además, aclaró que el encuentro no significa que vayan a detener sus manifestaciones. También adelantó que mantienen los recursos de amparo y preparan demandas laborales que podrían presentar a más tardar en diciembre.
Finalmente, reiteró la exigencia que el movimiento viene haciendo desde hace un año: una auditoría forense y externa a la institución, pues indicó que mientras la administración universitaria argumenta dificultades financieras y anuncia que no cuenta con recursos suficientes para cubrir salarios y aguinaldos, los trabajadores jubilados sigan absorbiendo parte de ese costo mediante los descuentos.
“Siguen con su postura de que lo primero que hay qué hacer es afectar el salario de los trabajadores, para supuestamente paliar su crisis financiera cuando mantienen esa nómina alta de funcionarios, cuando mantienen recontrataciones, cuando mantienen un montón de desvíos financieros”, dijo.
Gobierno, el salvavidas de la nómina
Por otra parte, la UAS informó que, tras gestiones con el Gobierno estatal, recibió un adelanto de 146 millones de pesos de su presupuesto correspondiente a diciembre. La institución señaló que esos recursos permitirían cubrir la segunda quincena de octubre de todo su personal
La entrega de recursos ocurrió en medio de los problemas financieros que el rector, Jesús Madueña Molina ha expuesto para cubrir compromisos laborales de los meses venideros, pues indicó que en el mes de julio, gobierno federal adelantó recursos correspondientes del mes de noviembre para pagar primas vacacionales y salario, por lo que se deben “redoblar esfuerzos para obtener recursos” que permitan el pago de las quincenas de noviembre.
“Exhorto a la comunidad universitaria a permanecer atentos, conscientes de que se aproximan tiempos difíciles en los que debemos mantenernos unidos realizando las gestiones correspondientes con total transparencia y comunicación”, dijo.
De esta manera, mientras que los jubilados esperan que el diálogo con el Gobierno estatal tenga algún resultado frente a los descuentos, la rectoría acelera las gestiones para mantener a flote el cierre del año. Lo que deja al Ejecutivo con dos frentes abiertos en medio del conflicto universitario y la crisis financiera de la UAS.
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