Por Annie Burns-Pieper / Mongabay Latam

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Panamá los testimonios de representantes de seis países que denunciaron daños vinculados a operaciones de empresas mineras canadienses en América Latina, entre ellos cuatro supuestos ataques contra defensores ambientales. La audiencia, que se realizó el 27 de octubre, buscaba examinar las obligaciones de Canadá en el impacto de sus empresas extractivas en el exterior.

Canadá alberga a cerca de la mitad de las empresas mineras y de exploración mineral en el mundo que cotizan en bolsa.

Marco Manobanda, piscicultor indígena de Las Naves, en Ecuador, afirmó que la mina de cobre y oro El Domo, propiedad las empresas Silvercorp Metals Inc. y Salazar Resources Ltd., con sede en Vancouver, provoca deforestación y contaminación del agua. Denunció, además, presencia militar, amenazas y allanamientos. Según los activistas, en junio de 2025 el ejército y la policía dispersaron con gases lacrimógenos y balas de goma una protesta pacífica.

Mayerly López, de Colombia, y Marco Manobanda, piscicultor indígena de Las Naves, en Ecuador. Imagen cortesía de Earthworks.

Desde Colombia, Mayerly López habló de las amenazas contra quienes protegen el páramo de Santurbán de las actividades de extracción de oro de Aris Mining Corporation en el proyecto Soto Norte; y dijo que, en panfletos, los defensores son vinculados con grupos armados. Global Witness contabilizó 39 asesinatos de defensores ambientales en Colombia en 2025.

Otros testigos expusieron su preocupación por la actividad minera en México, Panamá, República Dominicana y Argentina.

La audiencia ocurrió unos cuatro meses después de que el gobierno de Canadá eliminó la Oficina del Ombudsman Canadiense para la Empresa Responsable (CORE), creada para investigar las denuncias de abusos de los derechos humanos y daños ambientales en el extranjero vinculados a empresas canadienses. Arturo Ezquerro-Cañete, coordinador del programa para América Latina de MiningWatch Canada, sostuvo que su reemplazo, el Punto de Contacto Nacional, “carece por completo de poder”.

En septiembre, Mongabay informó sobre el deficiente historial del Punto de Contacto Nacional de Canadá. Solo tres de los 33 casos que ha tramitado desde 2000 terminaron en acuerdos conjuntos formales, y los críticos aseguran que carece de la independencia y las facultades de investigación necesarias para descubrir abusos.

Los testigos de la sociedad civil pidieron a la comisión que recomiende al gobierno de Canadá adoptar una ley que obligue a las empresas a ejercer la debida diligencia en materia de derechos humanos y medioambiente.

– Este artículo fue publicado en inglés en Mongabay. Puedes revisar la versión completa aquí.

Imagen principal: interior de la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Panamá. Foto: cortesía de Earthworks.

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 Este trabajo fue realizado para Mongabay Latam. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.