Sinaloa.- Llegar ante un juez no significa que un delito esté cerca de esclarecerse o que la victima vaya a obtener justicia pronto, ya que después pueden venir meses de investigación, audiencias y un juicio para determinar la responsabilidad del hecho, lo que lleva a que los procesos se acumulen en los juzgados.
Este panorama se refleja en las estadísticas del INEGI: En Sinaloa, los procedimientos penales que seguían abiertos al terminar 2025 aumentaron 21.5 por ciento, en comparación al 2024, al pasar de 10 mil 191 a 12 mil 379.
Se trata de casos que si bien ya llegaron a los tribunales, todavía no terminan de resolverse. Algunos comenzaron en 2025 y otros venían de años anteriores, haciéndo aún más largo el camino para la obtención de justicia, no solo para las víctimas, pues las personas imputadas también quedan en un limbo jurídico mientras avanza el trámite de sus casos.
De acuerdo con el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), el aumento de los pendientes ocurrió en un año en el que también llegaron más casos ante los jueces. Durante 2025, el Poder Judicial de Sinaloa recibió 4 mil 399 causas penales, frente a las 3 mil 345 de 2024, un incremento de 31.5 por ciento.
También hubo más determinaciones o conclusiones: pasaron de 2 mil 763 a 3 mil 315, un aumento de 20 por ciento. Sin embargo, esta mayor actividad no evitó que el estado cerrara el año con más procedimientos abiertos.
Del total de pendientes al cierre de 2025, 12 mil 11 correspondían a la justicia penal para personas adultas y 368 a adolescentes. Las cifras incluyen tanto a quienes llevan su proceso en libertad como a quienes permanecen en prisión sin sentencia.
Para estos últimos, esperar una resolución significa seguir detrás de las rejas sin que se haya determinado su responsabilidad. ESPEJO documentó que, al cierre de 2025, había 2 mil 283 personas privadas de la libertad sin sentencia en los centros penitenciarios estatales y el centro federal de Guasave. De ellas, 366 llevaban dos años o más en esa condición.
Causa en Común aborda este problema en su informe “Inseguridad, injusticia e instituciones rotas: el caso de los penales”. La organización señala que las estancias prolongadas sin sentencia son indicativas de fallas en las fiscalías y del rezago en las investigaciones.
“El aumento de la sobrepoblación, el récord de personas encarceladas sin sentencia, las condiciones de sobrevivencia en los penales, y los decepcionantes resultados de mecanismos como los previstos en la Ley de Amnistía, evidencian un colapso institucional equivalente al de la mayoría de las policías, las fiscalías y, en proceso, del Poder Judicial”, señala en su publicación.
La acumulación de asuntos en los tribunales también ha sido advertida por México Evalúa. En su informe “Radiografía de la Impunidad, 2024”, la organización identifica los aplazamientos de audiencias y los problemas para organizarlas como posibles factores que prolongan los procesos.
“En particular de la etapa intermedia, que suele extenderse en muchos casos de manera innecesaria, o a la gestión de audiencias en algunos tribunales”, explica.
Sin embargo, de acuerdo con México Evalúa, el principal cuello de botella del sistema de justicia penal en México se localiza en la etapa de investigación inicial a cargo de las fiscalías.
Particularmente en Sinaloa, el camino a la obtención de justicia enfrenta barreras desde el inicio, porque antes de llegar ante un juez, el recorrido suele comenzar con una denuncia, un paso que muchas víctimas no dan ya sea por el tiempo que implica acudir ante las autoridades, la desconfianza en las instituciones y los trámites que implica.
En Sinaloa, apenas 7.4 por ciento de los delitos estimados durante 2025 fueron denunciados, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.
Sin embargo, el denunciar no garantiza que un caso llegue ante un juez, pues alrededor del 5.2 por ciento de los delitos estimados en 2025, llegó a una carpeta de investigación.
Lo que indica que la mayoría de los delitos se queda en el camino hacia la justicia. Ya sea por la falta de denuncia o porque, aun después de acudir ante las autoridades, no se abre una carpeta de investigación. Y para los casos que sí avanzan hasta los tribunales, llegar ante un juez tampoco significa que la espera haya terminado.
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