Hace un par de semanas publicamos una columna sobre cómo en la docencia y la investigación científica las personas son precarizadas debido a los bajos salarios, a que solo se les paga la “hora nalga” o la hora frente a grupo, y no se consideran las jornadas extra de preparación de clases o de investigación científica.
Muchas gracias por la lectura del texto, por compartirlo y por los comentarios públicos y privados que hicieron sobre esta problemática. Por esa respuesta y ante la necesidad de exponer otras formas de precarización no contadas en la primera columna, hoy retomamos el tema que no solo afecta las condiciones laborales de docentes e investigadores de todas las instituciones de educación, también repercute en la calidad educativa y en la llamada escuela humanista que todos dicen perseguir, pero que estamos lejos de alcanzar.
Si algo caracteriza al sistema educativo mexicano, sobre todo al de nivel superior, es que ha fallado a la sociedad porque cada año egresa a cientos de jóvenes de distintas disciplinas sin importarle si encontrarán o no trabajo. En muchas ciudades los empleadores prefieren no contratar a ciertos egresados porque salen mal preparados o nunca tuvieron clases, como ocurrió en Sinaloa hace algunos años cuando los anuncios de empleo excluían a una importante institución de formación superior.
Este problema es multifactorial, pero en este análisis nos centraremos en lo referente a la docencia y la investigación científica (después hablamos de las fábricas de desempleados). Considerando las políticas federales que recortan presupuestos a instituciones públicas, que exigen eficiencias presupuestales y cubrir ciertos parámetros de “calidad” a cambio de recursos públicos, gran parte de la carga de esas acciones se vacía en la docencia y la investigación científica.
Las y los profesores e investigadores en el país han visto en los últimos años cómo se reduce poco a poco su salario. Es un hecho cada vez más común que las clases de posgrado, que antes eran un complemento al salario base, ya no se pagan, bajo el argumento de la gratuidad en la educación superior (aunque las cuotas se siguen cobrando a estudiantes); de forma adicional, las universidades públicas que cuentan con licenciaturas en modalidad virtual o semiescolarizada han reducido en 30% el salario de su profesorado (que también era un complemento al pago base).
Las prestaciones contractuales como aguinaldos o primas vacacionales poseen altos gravámenes y en los últimos 5 años se redujeron hasta en un 35% debido a la carga tributaria, que si bien es obligatoria no se compensa mediante otros mecanismos. Finalmente, en el caso de los estímulos al desempeño docente, cuyos recursos son federales y se supone están etiquetados solo para ese uso, en varias instituciones estatales han dejado de pagarse, lo que reduce en otro 20 ó 25% el ingreso de un profesor e investigador.
Las y los docentes de educación superior e investigadores de este país han experimentado una reducción del 40% de sus ingresos en la última década, con un aumento anual del salario que no supera el 4% y con condiciones laborales cada vez más exigentes en el sentido de cumplir con la “hora nalga” o la hora frente a grupo, sin remunerar o facilitar el tiempo de preparación de clases o el trabajo inmenso que requiere la investigación científica, que no alcanza a cubrirse en una jornada laboral.
La precarización no sólo es salarial, también es contractual, ya que un investigador debe cumplir, por exigencias internas de sus instituciones y del propio gobierno federal, con un mínimo de docencia, que suele ocupar toda la mañana, más otras tareas como dirigir y asesorar tesis, publicar en revistas científicas especializadas, promover su trabajo en foros o medios no académicos, llenar constantemente formatos de Secihti, Prodep, SEP y de su propia institución, evaluar productos científicos de pares académicos en el país, presentar ponencias o conferencias en congresos y foros especializados, hacer investigación en laboratorio o en campo, leer y mantenerse actualizado, diseñar o actualizar planes de estudio e impartir clases en nivel licenciatura y posgrados de calidad, preferentemente.
Pertenecer a gremios de investigación científica de calidad, como el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti), ciertamente representa un alivio económico para las y los investigadores agobiados por la sobre carga laboral y los salarios en descenso, pero ese estímulo es difícil de sostener, y quienes llevamos años ascendiendo en el sistema, sabemos que es otro trabajo, con otra patrona. El investigador es ninguneado dentro de nuestras instituciones académicas, como si fuéramos los ricos de la academia, pero con los recortes mencionados ese estímulo apenas compensa el descenso salarial paulatino del que nadie nos protege.
La reducción sostenida del ingreso salarial, la sobre carga laboral y administrativa, y el no reconocimiento de las labores extra como la planeación docente o la investigación nocturna, de fin de semana o de vacaciones, son formas de precarización que repercuten directamente en la calidad educativa. El sueldo no motiva, por el contrario, su pérdida ha hecho que la docencia se comprima a lo estrictamente necesario, repercutiendo, por ejemplo, en los programas de posgrado, donde las y los investigadores ya no quieren trabajar por la carencia de pago, ocasionando que las y los expertos en una temática ya no impartan seminarios; además, también se restringe la movilidad académica y la invitación a docentes externos.
La falta de reconocimiento institucional y las políticas laborales retrógradas oprimen a quienes forman a las futuras generaciones, en todos los niveles educativos. ¿Con qué motivación un docente o investigador impartirá una clase si se ningunea su trabajo, se le amedrenta constantemente, se reduce su salario cada año en lugar de aumentarlo, y se le añaden cada vez más exigencias de acuerdo a las ocurrencias de su institución o de las políticas educativas federales?
El paradigma de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) sí considera el desarrollo profesional y personal docente, la estabilidad socioemocional y económica de maestras y maestros, la reforma en sus condiciones laborales, como estrategias para mejorar la educación. Un docente bien pagado y reconocido estará motivado y con ello su práctica prosperará, además de su salud física y emocional; pero, lamentablemente, estos postulados solo sirven para presumir instituciones, planes de estudio, de desarrollo o políticas educativas. El humanismo y la NEM son cartitas de buenas intenciones.

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