Frente al preocupante fenómeno de violencia en el seno de las familias que registra Sinaloa, con 7,002 carpetas de investigación integradas en 2023, resulta acertada la propuesta del Consejo Estatal de Seguridad Pública para que aparte de atender a las víctimas también se le dé atención a los agresores y romper así el creciente ciclo de incidencia.

El esquema de centrar las políticas públicas en una parte de los problemas y descuidar la otra no corresponde a los protocolos y leyes que establecen el combate desde la raíz de toda manifestación de violencia, ya que al ser insuficiente la acción del Estado se deja activo a uno o más de los componentes de las dinámicas delictivas.

 

Con 1,105 casos más de violencia intrafamiliar en 2023 con relación al año anterior, que es un crecimiento del 19 por ciento, el coordinador general del CESP, Miguel Calderón, plantea que el  presupuesto destinado a la Secretaría de las Mujeres del Estado no solo debe ir enfocado en atender de manera integral a las consecuencias de la violencia, que es la víctima, sino a la raíz de la violencia que es quien agrede.

Propone que si actualmente 9 de los 10 pesos del presupuesto de la Semujeres se destinan a  atender a las víctimas, ahora debería ser que 3 pesos de esos 10 puedan ir a los agresores en el sentido de transformarlos socialmente y que haya un verdadero cambio respecto a este fenómeno delictivo.

Es una buena opción la que presenta el CESP para evitar el ciclo infuncional instrumentado durante décadas, dónde el gobierno se enfoca a las víctimas de agresiones que ocurren dentro de los hogares y criminaliza al victimario sin atender los orígenes psicosociales que mantienen vivo el peligro y las causas.

Le vendría bien a Sinaloa el modelo de ir a lo profundo de este comportamiento delictivo, con fuerza pública eficiente e instituciones implementando el humanismo como facilitador de paz y legalidad.

 

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