México.- Las negociaciones entre el poder federal e Iberdrola tuvieron lugar desde abril del 2023, cuando el ejecutivo comunicó la intención de incluir 13 plantas generadoras propiedad de la multinacional española al patrimonio público. Mediante un video, el presidente López Obrador informaba sobre los planes de adquisición y el proyecto de que la CFE operara dichas plantas.

Sin embargo, no ha sido hasta el pasado jueves que la Cofece, organismo encargado de regular y sancionar prácticas de mercado anticompetitivas, diera autorización para efectuar la transacción.  El visto bueno de la Cofece estaría condicionado por el cumplimiento de algunas medidas que buscan, en palabras del organismo, garantizar que la competencia económica del mercado de la generación eléctrica no se vea afectada.

En entrevista para El País, Andrea Marván Saltiel, presidenta de la Cofece, respondió al ser cuestionada sobre estas condiciones:

[…] La Comisión determinó imponer condiciones que van encaminadas en dos direcciones: que se opere las plantas de manera independiente y que se evite el intercambio de información sensible o estratégica entre competidores.

 

Con el objetivo de que las plantas sean operadas de forma independiente, el organismo regulador demanda que el Fondo Nacional de Infraestructura no sea quien esté a cargo de ellas, sino que haya un tercer agente que las administre. Además, la participación del Fonadin no deberá exceder el 51%.

Todas las decisiones relativas a la administración se deliberarán con la participación de todos los inversionistas, incluidos los poseedores del otro 49% de la participación restante. Además, los encargados de operar las plantas no podrán haber sido funcionarios públicos en los últimos 4 años o ejercer funciones en ningún otro competidor.

Ante la cuestión del porqué de las condiciones, Marván declara:

La Comisión está buscando evitar que se genere un daño al mercado con esta operación. Esta es justo la importancia de que la Comisión tenga autonomía técnica, misma que permite hacer estos análisis técnicos y llegar a este tipo de conclusiones.

 

Según El Financiero, la transacción, que equivale a un aproximado de 6 mil millones de dólares, comprende adquirir 8.539 MW de capacidad instalada. De estos, 8.436 MW serían generados por medio de ciclos combinados de gas, mientras que el restante proviene de producción eólica.

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