Con el comienzo del desmantelamiento en Sinaloa de estructuras de gobierno municipales, estatal y legislativas llega adjunta la interrogante de si los servidores públicos logran la oportunidad de reelegirse porque en verdad hicieron un desempeño excelente del cargo, o por cuotas y cuates de índole política donde no valen eficiencia y compromiso social.

En los municipios está a discusión si deben ser definitivas o temporales las licencias que soliciten los alcaldes en funciones que irán por la repetición en sus puestos ya que en la primera de las formas le corresponde al Congreso del Estado designar a los sustitutos y en el segundo es facultad de los cabildos determinar quiénes se quedan al frente de las comunas durante el lapso de las ausencias.

 

En el Gobierno del Estado el mandatario Rubén Rocha Moya ha decidido cuidarles los puestos a sus colaboradores que aspiran a senadurías y diputaciones federales y locales, entre éstos a los ex titulares de las secretarías General de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez y de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, así como a los que todavía no dimiten en la de las Mujeres, María Teresa Guerra Ochoa, y de Turismo, Estrella Palacios.

Mientras tanto en la 64 Legislatura del Congreso del Estado la aspiracionitis se resuelve de manera más fácil: basta con que los diputados tengan el capricho de continuar tres años más en las curules y pueden descuidar la representación popular para aspirar otra vez al puesto que abandonan sin rendir cuentas de cómo le sirvieron a los ciudadanos en la oportunidad que ya les dieron para integrar el parlamento local.

Los vividores de la política son beneficiarios de un sistema laboral privilegiado en el que pueden renunciar a sus ocupaciones, desdeñando la confianza que les dio su patrón, que es el pueblo, y luego regresar a ocupar la misma plaza laboral como si nada hubiera pasado ni en nada hubieran fallado.

 

En nombre de la democracia y del servicio público de carrera se cometen aberraciones que rayan en la desfachatez de dejar un cargo público y retomarlo cuando quieran, burlándose de leyes, votantes y hasta del sentido común.

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