Culiacán, Sin.- Enrique Inzunza Cázarez se ha ido del gabinete de Rubén Rocha Moya, quiere ser senador de la República, aunque antes de partir no terminó todos sus pendientes.

El primero, porque así lo decidió el gobernador Rocha Moya, fue la atención a familias de personas desaparecidas.

“Se construyó el Centro de Resguardo”, dijo Inzunza Cázarez, para luego reconocer que por más dinero gastado aún no hay un diagnóstico sobre las desapariciones en el Estado, tampoco un análisis de contexto, se tiene la falta del Consejo Estatal de Búsqueda y el nombramiento de consejeros ciudadanos para el mismo. Ni hablar de un plan de búsqueda ni un plan de exhumaciones de personas que están enterradas en fosas comunes. Hay por lo menos 1,300, de acuerdo con la Fiscalía General del Estado.

“Han habido cambios en la Comisión Nacional de Búsqueda y eso nos ha retrasado”, se justificó en conferencia de prensa. En esa misma ocasión dijo que se está elaborando un plan minucioso, que toma en cuenta a las familias, pero estas no opinaron lo mismo.

 

“Tenemos mucho que no sabemos nada de gobierno”, dijo María Isabel Cruz Bernal, fundadora y líder del colectivo Sabuesos Guerreras, en Culiacán, que aglutina a más de 4oo familias con personas desaparecidas.

Este no es el único pendiente, le sigue la crisis en el campo sinaloense. Durante dos años se han muerto niños a causa de vivir en espacios reducidos, en condiciones deplorables e insalubres, traídos a Sinaloa desde otros estados del País por transportistas, bajo un esquema de contratación y subcontratación con campos agrícolas.

No hay un reporte o diagnóstico de parte de la Dirección del Trabajo sobre esos empleadores a los que llaman “enganchadores” o “fleteros”. Tampoco lo hay sobre los campos agrícolas que subcontratan a alrededor de 50 jornaleros agrícolas anualmente, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura.

“El gobernador ha instruido que se tenga un presupuesto por primera vez para atenderlo”, dijo Inzunza Cázarez, pero ese presupuesto no evitó que este año ya se tenga el registro de dos muertes de niños en campos agrícolas de Sinaloa.

Óscar Loza Ochoa, activista y enlace de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa (CDDHS), dijo que Inzunza Cázarez también deja pendientes en los temas de certeza de tierras para personas desplazadas en el Estado.

“Está el caso, por ejemplo, de la gente de Tepuche, que a algunas gente les pidieron que regresaran, pero estando allá los volvieron a regresar con violencia. Lo mismo en Guamúchil, con el caso de las gentes que se desplazaron en Mocorito, hay pendiente la desaparición de siete muchachos, que los desaparecen en el albergue, está ese caso que no se ha resuelto”, recordó Loza Ochoa.

 

Un pendiente más, prosiguió el activista, es el ordenamiento del transporte público, sobre todo en ciudades como Culiacán y Mazatlán, donde se tiene conflictos por la falta de una modernización y actualización de concesiones.

Inzunza Cázarez tenía deja esos pendientes, señaló Loza Ochoa, porque él fue el encargado por más de dos años de la política interna del Estado, mismo que arrastra manifestaciones cada semana por la falta de certeza jurídica y política de sectores vulnerables.

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