El asesinato de Román Quezada Anduaga, secretario General del Partido Acción Nacional en el municipio de El Fuerte, le da fuerza a la probabilidad de que se trate de un crimen político vinculado al proceso electoral en marcha, conjetura que apremia a la Fiscalía General del Estado a investigar los móviles, localizar al o los homicidas y llevar el caso ante la justicia pues de ello dependerá la confirmación o descarte de la hipótesis de que la muerte tiene que ver con la representación panista que desempeñaba la víctima.
Por lo pronto el PAN y los partidos Revolucionario Institucional y Sinaloense, que son parte de la alianza Fuerza y Corazón por Sinaloa, inducen la eventualidad de violencia política y plantean la exigencia al gobernador Rubén Rocha Moya, emanado del Movimiento Regeneración Nacional, para que se desplieguen todos los medios de criminalística y el caso sea esclarecido a satisfacción de la familia de la víctima y las siglas albiazules.
La sombra de los asesinatos por motivaciones electorales que recorre el territorio mexicano se sitúa sobre Sinaloa al igual que en elecciones anteriores, trayendo consigo la presunción de que la delincuencia organizada interviene a favor de partidos o alianzas para acceder indirectamente a posiciones de gobierno, mediante actores y organizaciones que fortalece o elimina según sean los intereses criminales.
La única manera de conocer la realidad y hacer la correcta toma de decisiones tiene que ver con la acción eficaz y rápida del Ministerio Público, misma que de acuerdo a la verdad legal que surja difuminará o fortalecerá la sospecha de la intervención nociva de células del narcotráfico en el proceso comicial para elegir presidente de México, alcaldes, integrantes de las cámaras de senadores y diputados y miembros de la 65 Legislatura del Congreso del Estado.
La encrucijada que plantea la muerte de Román Quezada consiste en la expedita indagación de la Fiscalía, pero sobre todo trabajar con el rigor de la ley y la actuación de la fuerza pública para que sean implementadas las medidas que eviten el voto de miedo en sufragantes y la intimidación contra candidatos y partidos, en el proceso electivo constitucional en curso. Desafortunadamente Sinaloa entró a la vertiente de emergencia que consiste en prevenir y castigar los crímenes políticos y el impacto de estos en el juego democrático.
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