Ante los cambios en los registros del gobierno federal sobre personas desaparecidas en México, la organización civil Data Cívica creó una plataforma digital donde es posible rastrear qué ha pasado con cada nombre entre una versión y otra: desde el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) de 2017, dos versiones públicas del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) dadas a conocer en agosto de 2023, y la nueva versión especial para consulta de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, lanzada a finales de 2023 y con una actualización semanas después.

De la comparación entre el listado del RNPDNO y el más reciente de la Búsqueda Generalizada (que Data Cívica extrajo mediante la técnica de scraping el 1 de marzo de 2024) fue posible identificar 10,953 nombres de personas que fueron borrados. Presumiblemente deberían corresponder a personas localizadas, aunque algunas familias han detectado que el nombre de su ser querido está entre estos borrados sin que hasta la fecha tengan noticias de su paradero. Es decir, que han vuelto a desaparecer. De ahí la importancia de revelar estos nombres, ya que es la única manera en que las familias pueden estar seguras de que una persona no haya sido dada por localizada erróneamente.

En “Volver a Desaparecer” es posible ver en qué momento se agregó un nombre al registro de desapariciones o en qué momento se quitó; una trazabilidad que es necesaria para tener transparencia sobre la búsqueda de personas desaparecidas y que no se ha garantizado desde el gobierno federal, señaló durante la presentación de la plataforma la directora de Data Cívica, Mónica Meltis.

“Lo que hemos identificado con la falta de trazabilidad, transparencia y metodologías claras y, sobre todo, la falta de participación de la familias en estos procesos, así como las inconsistencias que ha habido, es que el Estado está en una incapacidad de cumplir con su obligación”, dijo.

La plataforma también permite consultar qué categoría o estatus de búsqueda se le asignó a cada persona en la última página gubernamental, términos que no están considerados en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada y que han causado confusión entre las familias. Se incluye una guía que exhibe las diferentes maneras en las que recientemente las autoridades se han referido a cada categoría (como lo que en la conferencia mañanera se denominó “sin indicios para la búsqueda”, pero en la página se etiquetó como “sin reportante” y se acaba de cambiar por “aporta información adicional”).

El análisis de Data Cívica permitió detectar que en la versión pública del RNPDNO (publicada en agosto) había campos del registro que no estaban bien llenados por la mayoría de autoridades: por ejemplo, un dato fundamental para seguir el proceso de búsqueda, que es el contacto de la persona que denunció la desaparición, se dejó en blanco en 7 de cada 10 casos. Eso explicaría por qué como resultado de la Estrategia de Búsqueda Generalizada se dijo que se buscaba persona reportante para 36 mil personas.

También hay variables de enfoque diferenciado, como si la persona desaparecida pertenece a algún grupo vulnerable, como personas periodistas, indígenas o de la comunidad LGBT, que fueron registradas menos del 5% de las veces, explicó la coordinadora de Análisis de Datos de la organización, Alicia Franco.

La plataforma creada además ofrece qué hacer en caso de que un nombre aparezca borrado o si se considera que la categoría que se le ha asignado es errónea. Esta acción se ofrece en colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro ProDH).

“Encontramos tres escenarios de incertidumbre entre las familias que buscaban a sus familiares en esta versión de la Búsqueda Generalizada. Una eran errores, en nacionalidad, en datos particulares. Segundo, que no aparecía la persona. Y por último, cuando aparentemente hay una información que no les ha compartido la autoridad, como decir que la persona está localizada o ubicada. Por eso generamos formatos para enviar a la Comisión Nacional de Búsqueda, que es la instancia responsable, y solicitarle que corrija”, señaló César Contreras, del Centro ProDH.

“Algunos casos son datos que faltan y que las familias nos dicen que desde 2017, 2020, se habían acercado a las autoridades a dar esa información, pero no la han registrado. Entonces están haciendo parecer que son las familias quienes no han dado la información”, lamentó.

Durante la presentación, la buscadora Irma Virginia Orgen expuso el camino de amparos y recursos legales que han tenido que interponer para que desde las autoridades se dé seguimiento a la búsqueda de su padre, Marco Antonio Orgen, desaparecido en 2013 en Huauchinango, Puebla, y a ella se le brinde información. A pesar de que ha denunciado ante tres instancias locales y federales el caso, el nombre de su padre no aparece en el RNPDNO.

Como representante del colectivo de buscadoras Uniendo Cristales, exigió que el Estado no vuelva a desaparecer a sus seres queridos.

“Cuando el presidente empezó como a desconocer la cifra, a decir ‘es que no son tantos’, fue para nosotros preocupante. Cuando ya lo presentó, eso fue en diciembre, fue nuestro regalo de Navidad… La verdad que pasamos un fin de año horrible, de por sí son fechas muy difíciles para nosotros”, comentó.

“Hoy dicen unas cifras, mañana otras, y no sabemos qué está pasando con nuestros familiares. Pero no vamos a permitir que borren nuestra lucha y a nuestros familiares desaparecidos. Queremos encontrarlos y que regresen a nuestras casas”.

Humberto Guerrero, de la organización Fundar, lamentó también que todo lo que han exhibido con los intentos de actualización del registro es que sigue sin haber coordinación entre las autoridades, lo cual dificulta la búsqueda y va en contra de lo que mandatan la Ley mexicana y organismos internacionales.

La plataforma “Volver a Desaparecer” ya está disponible en la dirección web volveradesaparecer.datacivica.org .