El rector encargado del despacho, Robespierre Lizárraga Otero, y el que fue separado del cargo para que enfrente juicios por supuestos delitos de corrupción, Jesús Madueña Molina, exhiben demasiado temor sobre la posibilidad de que la Auditoría Superior del Estado audite los recursos propios que recauda la Universidad Autónoma de Sinaloa, esa partida económica manejada en total opacidad.

Después de que un juez federal declaró insubsistentes los autos de vinculación a proceso que se les dictaron a Lizárraga y Madueña por el Poder Judicial, a raíz de que la ASE los acusó de abuso de autoridad por impedirle fiscalizar el gasto universitario, los funcionarios de la UAS acudieron al estruendo mediático sobre un amparo en particular, sin referirse a otros procesos judiciales que cursan por posibles malos manejos de las finanzas de la institución educativa.

No obstante que sigue el turno de la Fiscalía General del Estado para solicitar la revisión del laudo del juez federal a favor del rector en funciones y del destituido, éstos convierten victorias legales pírricas en la supuesta exculpación total de la serie de ilícitos de que son acusados por desempeño irregular de la función pública, en un proceso penal al que se han resistido a acudir mediante el uso de maniobras que por reiterativas lucen agotadas.

 

¿Por qué Lizárraga y Madueña se oponen empecinadamente a que sean auditados los recursos económicos que capta la Universidad por cuotas de inscripción que pagan más de cien mil estudiantes y otros conceptos recaudatorios? ¿Acaso no debiera ser la UAS ejemplo y promotora en materia de transparencia en el manejo del dinero que maneja? ¿Qué esconden en esta partida financiera como para negarse a la rendición de cuentas?

Más allá de fallos judiciales que atentan contra la transparencia y el acceso a la información, la sociedad sinaloense merece saber cómo se utilizan las aportaciones económicas que con sacrificios las familias de los estudiantes le entregan a la Universidad por el pago de cuotas. Y la justicia debe colocarse al lado de tal exigencia ciudadana hasta esclarecer por qué el rector en funciones y el destituido defienden hasta la ignominia esa “caja chica” marcada por la turbiedad.