A Sinaloa se le empieza a marcar con crímenes de posible móvil político en la etapa final del proceso electoral, lo cual apremia a la Fiscalía General del Estado, a la Secretaría de Seguridad Pública y principalmente al gobernador Rubén Rocha Moy a la rápida y adecuada intervención para que sean castigados los hechos violentos y existan garantía de legalidad y confiabilidad del ejercicio democrático que en 15 días tendrá su momento culminante.
Con el asesinato de Santos Moreno Cabada, gobernador tradicional indígena de la comunidad Cieneguita de Núñez, en el municipio de Choix, que también era candidato suplente a regidor por mayoría relativa en el Ayuntamiento de Choix, por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa, se le agregan elementos de tensión a la jornada comicial dando la impresión de que la delincuencia tiene injerencia en la elección a través de la violencia.
El 13 de abril el Partido Sinaloense reportó la desaparición de sus militantes Luis Alonso García Corrales, candidato a regidor por Culiacán, y el acompañante de éste, Francisco Cerón Beltrán, los cuales aparecieron tres días después sin que hasta la fecha la FGE haya informado de las investigaciones sobre el caso, abonando así a la atmósfera de miedo que crece conforme se aproxima el 2 de junio, día de la votación.
Aparte de brindar las máximas medidas de protección a candidatos, resulta conveniente que las indagatorias sobre crímenes posiblemente asociados al proceso electoral sean efectuadas con mayor celeridad y pertinencia, para que los sinaloenses sepan si tienen o no vínculos con la actividad comicial pues de lo contrario, si el silencio de las autoridades permite que se desarrollen conjeturas disparatadas y temores infundados, habrá un daño importante a los principios de certidumbre, credibilidad y legitimidad en la elección constitucional.
Dejar correr el tiempo y mostrar disimulos ante eventos de presunta violencia política representa además la corroboración de que los criminales hallan en la impunidad el aliento que les da el gobierno para delinquir. Esté o no relacionado con situaciones políticas el asesinato de Santos Moreno Cabada, la justicia está obligada a hacer lo que le corresponde, igual que debe actuar ante cualquier acción que trastorne la paz pública.
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