El 7 de junio de 2021 llegó a la oficina de Alberto Camacho García una propuesta publicitaria de la empresa Digital Beacon Programatic Service para una campaña de cinco meses por 9 millones de pesos en el portal de noticias Latinus. El coordinador de Comunicación Social del Gobierno de Sinaloa rechazó el ofrecimiento para cambiarlo por una suma mayor: 15 millones de pesos. El trato se hizo prácticamente de inmediato. Hoy la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga ese contrato por lavado de dinero que se dio en la administración de Quirino Ordaz Coppel.
Es una investigación que recopila contratos firmados por gobiernos estatales y dependencias federales a cinco empresas que integran el medio de comunicación Latinus. Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, detalló que la investigación corresponde a una presunta triangulación de recursos con el consentimiento de esas entidades públicas.
“Existen otras dos empresas que son exclusivamente utilizadas como instrumentales, que es Digital Beacon Programatic una empresa que se llama BCG Limited Consulting, SA de CV. Estas empresas cobran de entidades públicas, todos sus ingresos vienen de entidades públicas”, explicó el funcionario.
“Esas entidades públicas reciben a cambio, y se factura a nombre de ellos, productos farmacéuticos y servicios de salud de otras empresas que funcionan para eso, que son independientes en su propiedad de estas dos que pertenecen al mismo dueño, el señor (Cristian) González Guadarrama”.
Esos contratos los firmaron el Tribunal Electoral del Poder Judicial y los gobiernos de Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Michoacán, Hidalgo y Sinaloa. Entre todos los contratos suman una cantidad de 2 mil 437 millones 285 mil 272.96 pesos.
La Unidad de Inteligencia Financiera investiga un contrato que firmó el gobierno de Quirino Ordaz Coppel con una empresa ligada a Latinus.
En el caso de Sinaloa, se trata de un solo contrato -del cual Revista ESPEJO tiene copia- por 15 millones de pesos para “presencia de la imagen gráfica de la marca o estrategia temporal vigente” en los meses marzo, junio, julio, agosto y septiembre del 2021.
El contrato se firmó en enero de 2021.
El titular de la UIF aseguró el 3 de julio durante conferencia de prensa en Palacio Nacional que el contrato sirvió para aportar recursos bajo rubros identificados como publicidad oficial, pero a cambio se recibió productos farmacéuticos y servicios de salud.
En la conferencia no se detalló cuáles fueron esos productos específicos, pero sí que ocurrió en 2021. En el detalle del contrato se puede conocer que los 15 millones de pesos debieron servir para la publicación de banners en siete tipos de tamaños distintos sobre campañas publicitarias, además de un video promocional de campañas publicitarias.
El pago se acordó en seis parcialidades y que la empresa Digital Beacon Programatic debió entregar evidencias con informes, reportes, CD, audios y/o videos.
El contrato lo firmó Alberto Camacho García, quien en ese entonces era coordinador general de Comunicación Social de la administración de Quirino Ordaz Coppel, entonces gobernador afiliado al PRI.
Ese mismo año, Ordaz Coppel fue invitado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ser embajador de México en España. El político y empresario hotelero nacido en Mazatlán aceptó la propuesta, se fue a España y se llevó a un equipo de colaboradores, entre ellos a Alberto Camacho García.
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