El Congreso del Estado realizó un nuevo llamado a las autoridades de la Universidad Autónoma de Sinaloa a sumarse al proceso legislativo para la reforma a la Ley Orgánica, concretamente para que instrumenten la consulta a las comunidades académica y estudiantil y sean estas las que determinen si quieren o no un nuevo estatuto interior y bajo qué normas debe regirse el gobierno institucional.
Esto sucede en la coyuntura de la reunión que el martes sostuvieron en la Secretaría de Gobernación el gobernador Rubén Rocha Moya y el rector en funciones de la UAS, Robespierre Lizárraga Otero, donde tal parece que avanzó el acuerdo de que la institución de educación superior realice tal toma de opinión, sin conocerse los términos para garantizar la libre expresión y la participación plural de los universitarios.
La 64 Legislatura local considera en la invitación a que le formula a la UAS a través de la Junta de Coordinación Política que es “de gran relevancia para el proceso legislativo de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad, que la eventual consulta previa, libre e informada a realizar, se lleve a cabo en fechas en que las y los estudiantes de nuestra máxima casa de estudios hayan regresado a clases, dentro del ciclo escolar 2024-2025”.
Sin que exista la respuesta oficial de parte de la UAS, la información que derivó de la reunión en Gobernación contiene señales del acercamiento de posiciones después de que el Congreso eliminó preceptos de la Ley de Educación Superior de Sinaloa que impugnaban los funcionarios de la casa de estudios y en el contexto de 36 iniciativas que proponen reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica, mismas que están en fase de dictaminación.
Es poco el tiempo disponible para organizar un ejercicio libre que en verdad revele el sentir de los estudiantes y académicos sobre la crisis interna que vive la UAS y las rutas a seguir para democratizarla, transparentarla y fortalecerla.
A la Legislatura actual le queda hasta el mes de septiembre para certificar que la consulta se realice legítimamente y los funcionarios universitarios muestran poco interés en concretarla por temor a perder los cotos de poder que usufructúan.
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