Ciudad de México.- Trabajadores del Poder Judicial de la Federación amagaron con un paro de labores en el país si el Poder Legislativo no adhiere propuestas de la academia, la sociedad civil, así como de integrantes del propio Poder Judicial a la iniciativa de reforma.

Acusaron en un posicionamiento público que los pasados Diálogos Nacionales sobre la Reforma Constitucional al Poder Judicial los legisladores tomaron una actitud de rechazo irreflexivo cuando se señalaron los defectos de la iniciativa, lo que es una mala señal para la República.

“La suspensión de labores, como última medida, la emplearíamos con el único propósito de que la reforma sea integral y producto del máximo consenso entre las mayorías legislativas y los demás actores sociales. Por ello, anunciamos que hemos procedido ya a planificar y ejecutar los pasos que nos permitirán decretarla en el momento en que se vuelva necesaria”, anunciaron.

Asimismo, la Asociación de Magistrados y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación advirtió que la reforma al Poder Judicial que propone AMLO abre la posibilidad de que grupos de poder, incluso ilegales, ejerzan presión sobre los poderes judiciales.

Durante un posicionamiento el medio día de este martes, cientos de trabajadores del Poder Judicial de la Federación señalaron que esta reforma destruiría la independencia judicial y minaría el estatuto de quienes trabajan en el seno de tribunales y juzgados federales.

Acusaron que esta iniciativa ofrece tribunales sin independencia ni garantías de imparcialidad y funcionarios y empleados judiciales faltos de vocación, sin el conocimiento profundo del sistema normativo, además ser comprometidos con intereses predeterminados.

“A ese resultado lamentable llevarían el sistema de elección popular de personas juzgadoras federales, la destrucción del mecanismo de carrera judicial, la creación de un meta-tribunal disciplinario que decidirá con arreglo a causales de responsabilidad de ambiguas y la reducción de prestaciones legalmente obtenidas”, se lee en el posicionamiento.

“Se desincentiva la emisión de decisiones (sentencias) que potencialmente pueden afectar los intereses gubernamentales, aunque los actos de la administración pública o de las legislaturas sean arbitrarios y abiertamente inconstitucionales”, continua el comunicado.

De igual modo, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación acusaron que la iniciativa menosprecia el derecho de los ciudadanos a contar con una justicia pronta, expedita, gratuita e imparcial para hacer valer sus derechos humanos.

Criticaron que la iniciativa no está orientada a dar solución a los verdaderos problemas del acceso a la justicia de la ciudadanía, es decir, la escasa profesionalización de policías y fiscales, la debilidad de las defensorías públicas, la precariedad y deficiencia del servicio que prestan los tribunales locales, los agrarios y los contencioso-administrativos, el lastimoso sistema carcelario y el abandono de la homologación y certificación de los estudios profesionales de Derecho.

“También pensamos que, por falta de fines legítimos y por menoscabar la seguridad jurídica, la reforma propuesta por el gobierno saliente envía una mala señal a los inversionistas nacionales y extranjeros, de cuyo capital depende en buena medida el desarrollo económico y el empleo”, advierten.

Al respecto, consideraron que el gobierno tiene la oportunidad histórica de saldar esta deuda común si se reconoce que deben atacarse de fondo los problemas del acceso a la justicia para que todas las personas, y más quienes pertenecen a los grupos menos favorecidos de la sociedad, cuenten con instancias eficaces que les garanticen el respeto a sus derechos humanos y al mismo tiempo, para proveer del incentivo de seguridad jurídica a los inversionistas.

También, opinaron que una reforma adecuada al Poder Judicial de la Federación debe contemplar propiciar juicios más breves mediante reforma a las leyes procesales, orientada por los principios de economía y concentración; lo mismo, separar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al órgano de administración, vigilancia y disciplina de la judicatura federal.

Fortalecer la carrera judicial como un sistema de ingreso y permanencia de la función judicial y ampliar los controles sociales sobre diversos mecanismos de elección.

Por último, señalaron que septiembre de 2024 puede convertirse en una fecha fatídica para el país si el Congreso entrante y la nueva presidenta se empeñan en aprobar dicha iniciativa haciendo oídos sordos de tantas advertencias y menospreciando propuestas alternativas de mejor factura.

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