La baja participación de la comunidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en la consulta para conocer si quieren o no que se reforme la Ley Orgánica de la casa de estudios, le resta legitimidad a este ejercicio de participación ciudadana y necesitará de la revaloración del Congreso del Estado respecto al resultado.
Aunque también la toma de opinión considera un evento de parlamento abierto donde los universitarios deliberen libremente sobre el tema, tendrá que decidir la 64 Legislatura la conveniencia de llevar o no al pleno en este mes, el último de funciones, la iniciativa de reforma a la UAS que tiene su origen en 36propuestas ciudadanas que señalan la necesidad de elección de rector por voto de estudiantes y trabajadores, paridad de género en órganos de cogobierno y manejo transparente de los recursos públicos que maneja la Universidad.
El Congreso cometió el error de aferrarse a realizar la consulta a pesar de la situación de violencia que afecta a Sinaloa, particularmente a Culiacán donde se concentra el mayor número de universitarios, a lo cual se agrega la decisión de los actuales directivos de la UAS de impedir a como sea este proceso participativo, esgrimiendo afectación a la tan vulnerada autonomía de la institución educativa.
Independientemente de que urge sacar a la UAS de la situación donde es rehén del Partido Sinaloense (PAS), y es expoliada por sus funcionarios en activo o en calidad de ex que enfrentan juicios penales por corrupción, el Poder Legislativo está obligado a hacer las cosas apegado a la ley y no ceñido a prisas y métodos que echan a perder el verdadero propósito de saner la vida interna de la Universidad.
Buscar una salida digna para la UAS, aislándola de los apetitos políticos y corruptos que afectan a 200 mil integrantes de su comunidad, tiene que ver con hacer las cosas bien en el trabajo legislativo en curso. Ya sea la 64 Legislatura o la sexagésima quinta que entra en funciones el primero de octubre la que apruebe la nueva Ley Orgánica, tendrá que realizarlo de cara a la sociedad, con la ley en la mano y sin maniobras que vayan en detrimento de la credibilidad y pertinencia del proceso parlamentario.
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