La obstinación de la administración de la Universidad Autónoma de Sinaloa que de manera interina encabeza Robespierre Lizárraga, por frustrar el proceso legislativo para la reforma de la Ley Orgánica de la casa de estudios, recalca el tamaño de los intereses en juego para la camarilla que hace dos décadas tomó el control de la institución y fundó dentro de ella el Partido Sinaloense, pervirtiendo la esencia plural y libre de la UAS.
Ayer un grupo de universitarios afines al partido que se ha constituido como cacicazgo dentro del campus intentó evitar que el Congreso le diera lectura a una iniciativa que resume 36 propuestas de estatuto interior de la Universidad presentadas por ciudadanos y diputados, sin embargo, la función parlamentaria avanzó y se dispone a aprobar en los próximos días la nueva normatividad del mayor centro de educación superior de Sinaloa.
Las dos partes implicadas en este tema presentan prisas aunque sus posiciones sean encontradas: el rector en funciones de la UAS trata de tumbar la acción legislativa que llevaría a elegir en 2025 al nuevo gobierno universitario con el voto de estudiantes y trabajadores, y el Congreso quiere cerrar el capítulo reformista antes de que concluya el período de ejercicio constitucional de la 64 Legislatura, lo cual ocurrirá el 30 de septiembre.
Así, mientras la UAS necesita con urgencia de la acción de su comunidad para desterrar la corrupción interna que es judicializada y registra varias vinculaciones a procesos contra ex funcionarios de la institución, la camarilla que se aferra al modelo de universidad-partido lucha por mantener como rehén al alma máter sinaloense aún en la emergencia de marcar distancia con prácticas, inercias y vínculos que dejan en el campus rastros de expoliación y delincuencia organizada.
Estará por definirse en las horas siguientes cuál destino se le ofrece a la UAS, en la encrucijada de dejarla en manos del grupo político que la controla desde que en 2005 Héctor Melesio Cuén Ojeda asumió la rectoría, o darle la oportunidad a los universitarios a decidir sin ataduras cuál modelo de Universidad les sirve más en el sueño de ser mejores profesionistas, útiles a la sociedad. El Congreso tiene la palabra y, sobre todo, la obligación de que lo que resulte sea legítimo y pacífico.
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