México.- Uno de los primeros temas que tendría que atender la próxima administración federal es la actualización de la Ley General de Aguas. Está debe crearse desde una visión de derechos humanos y de derechos de la naturaleza, y no desde la mera administración del recurso como lo hace la Ley actual, advirtió el abogado ecologista Javier Ruíz.
En entrevista para Espejo, el defensor de los derechos de la naturaleza explicó cómo la actual Ley General de Aguas, vigente desde el año 1992, presenta una visión meramente reguladora del uso del recurso, en la que inclusive su articulado puede generar contradicciones al asignar el uso de prelación del agua. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en varias sentencias, que los usos personales y domésticos tendrán prioridad sobre cualquier otro uso que se pretenda dar a las aguas nacionales.
“Tenemos una regulación del agua en México no desde una visión de derechos, es regulatoria e inclusive es difícil percibir el tema de la prelación de los usos del agua. Es una Ley ambigua que necesita una actualización urgente”, comentó.
De acuerdo al promotor de los derechos de la naturaleza, la nueva ley debe definir con precisión las atribuciones de los diferentes usuarios, priorizando no solo las necesidades humanas, sino también las ecológicas.
“Hablamos mucho del agua para las personas, pero poco del agua para los ecosistemas y hay que equilibrar la balanza. Todos los aspectos de uso de agua son necesarios, pero si dejamos de lado el tema del agua para los ecosistemas ¿cómo van a seguir dándonos sus servicios ecosistémicos?”, alertó el abogado.
“Es un equilibrio que se busca entre ambos sistemas, entre el sistema humano y el sistema ecológico, pero que se vea como uno solo, que no se vea por separado”, añadió.
Manejo de la escasez
A pesar de que pasamos por la temporada de ciclones y huracanes, actualmente diversas zonas del país se encuentran con altos niveles de sequía y, año con año, la situación se hace más grave.
Ante esto, diversas voces han alertado sobre la necesidad de establecer políticas públicas que ayuden a las regiones del país a tener un mejor acceso y administración de este recurso.
En Sinaloa, que hasta mediados de septiembre mantenía sequía extrema y excepcional en el centro y norte del estado, los gobiernos han establecido programas como bombardeo de nubes y la creación de pozos en comunidades con estrés hídrico; así como el llevarla en pipas a poblaciones alejadas. Por otro lado, en conjunto con los gobiernos de Nayarit, Sonora y las Bajas Californias, Sinaloa ha planteado la posibilidad de retomar la construcción del Plhino, un megaproyecto de trasvase de agua entre las presas de estos estados.
Sin embargo, expertos en el manejo del agua han alertado que este tipo de iniciativas, que mantienen una visión regulatoria del uso del agua, no serán suficientes si no se trabaja primero en su gestión integral y su uso eficiente.
Ría Celestun, Yucatán México
Nueva Ley de Aguas, vieja deuda
En realidad, la necesidad de una nueva Ley General de Aguas es un tema que lleva más de 10 años de retraso, desde que una reforma constitucional del 2012 ordenara al Congreso de la Unión a emitir una nueva legislación.
Tras 10 años sin cumplir el mandato, en el 2022 una decena de municipios de Chihuahua promovieron controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar la omisión del Congreso de la Unión. La SCJN resolvió a favor de los municipios y ordenó al Legislativo Federal emitir la Ley durante su próximo periodo ordinario de sesiones. A la fecha eso no ha sucedido.
En marzo pasado, durante una reunión con agricultores de Sinaloa durante las campañas electorales, el hoy Senador de la República Enrique Inzunza Cázares reconoció que el agua está rodeada de un núcleo de intereses colosales y que era tarea de la Cuarta Transformación desatar ese nudo de intereses, precisamente con una nueva Ley General de Aguas.
Ante el cambio de administración federal, los sectores académico y productivo sinaloenses también han señalado la disponibilidad y el acceso al agua como un tema de primer orden para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.
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