El Consejo Estatal de Seguridad Pública logró poner sobre la mesa de acuerdos del Gobierno Federal la solicitud de acciones en Sinaloa que eviten el colapso económico y social en el estado a consecuencia de la situación de violencia que desde el 9 de septiembre afecta por parejo a la ciudadanía que paga un alto costo por el hecho de ser la cuna de una organización del narcotráfico confrontada en las células que la integran.
En un hecho atípico en la historia del CESP, que se había concentrado en revisar el comportamiento de la seguridad pública y actuar en este ámbito, pues la gestión realizada en conjunto con Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de Canirac nacional, y Óscar Loza Ochoa, fundador de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Sinaloa, sienta un precedente de unidad social preocupada y ocupada en los efectos de la violencia devastándolo todo, sin distingos.
El CESP, a través de su coordinador general Miguel Calderón Quevedo, planteó la pertinencia de declaratoria de emergencia económica; programa exprés de créditos blandos para Pymes sin requisitos de buró de crédito; suspensión de pago de impuestos, como ISR e ISN, pagaderos a 6 meses para empresas y negocios afectados, y analizar viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable sin cortes en ambos servicios.
En cuestión de recuperación de la paz en Culiacán y municipios del sur: acciones de desarme de la delincuencia organizada; efectiva reparación del daño a víctimas de los diversos delitos cometidos en este periodo; la pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de la capital del estado, y que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas, para aliviar el miedo que tiene semiparalizada a la región.
En espera de que se concreten las solicitudes expuestas al gobierno de Claudia Sheinbaum, sí debe reconocerse el mérito del CESP al ampliar el ámbito de protección hacia los sectores que necesitan de condiciones de legalidad y orden ya que al ser motores del desarrollo económico son también componentes fundamentales de la sociedad. En medio del miedo, desapariciones, asesinatos, bloqueos de vías de comunicación y demás tácticas que dispersan terror, resulta crucial la cohesión de la activación de la civil en un solo núcleo pacificador.
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