La violencia que azota a Sinaloa ha desestabilizado los cimientos económicos y sociales de la entidad. Aunque las consecuencias exactas aún son inciertas, los efectos son profundamente alarmantes. La población sinaloense se enfrenta al desafío de reconstruir su seguridad y adaptarse a una nueva normalidad, mientras que la sociedad sigue aguardando por condiciones más tranquilas.

Un panorama crítico: rezago económico y violencia

Sinaloa ya enfrentaba un rezago económico significativo antes de la reciente crisis de violencia. Según datos de las Cuentas Nacionales por Entidad Federativa, entre 2021 y 2022, el crecimiento económico del estado fue de apenas 4.76% y 1.57%, respectivamente, muy por debajo de la media nacional de 6.05% y 3.69%. Esto provocó una disminución en la aportación de Sinaloa al PIB nacional, pasando del 2.2% en 2016 al 2.1% en 2022.

El PIB per cápita de Sinaloa al cierre de 2022 se ubicó en $165,264 pesos, inferior al promedio nacional de $186,735 pesos. Además, el estado no ha recuperado los niveles prepandemia, mientras que el resto del país ya lo ha logrado.

En términos de inversión extranjera directa (IED), Sinaloa captó solo el 0.8% de los flujos nacionales en 2024, equivalentes a $262.8 millones de dólares. El número de empresas que reciben IED ha disminuido drásticamente, pasando de 126 en 2022 a solo 75 en 2024.

Impacto económico directo e indirecto de la violencia

 

La reciente ola de violencia ha tenido un costo económico devastador:

  • Pérdidas de 500 millones de pesos diarios durante la primera semana de crisis, derivadas de la parálisis económica.
  • Cancelación de eventos masivos, como el Grito de Independencia, conciertos y ferias, lo que afectó gravemente a comerciantes y prestadores de servicios.
  • Reducción de horarios laborales y empleos, afectando la economía familiar y empresarial.
  • Las empresas y personas han sufrido asaltos, actos de vandalismo, robo de vehículos y en casos extremos, la quema de instalaciones y automóviles, cuyas pérdidas materiales son significativas, pero las inmateriales son enormes.
  • Mayor desigualdad económica territorial sobre municipios donde ya se tenía ese problema, particularmente Elota, Concordia, Cosalá, San Ignacio, El Rosario, Eldorado, e incluso Navolato
  • En el sector primario, la sequía y el alza en los precios de granos básicos han reducido la actividad agrícola en un 36% al cierre de 2023, con una pérdida de más de 21,000 empleos desde 2021.

Ante este panorama, el Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa ha señalado la necesidad de declarar al estado en emergencia económica, una medida obstaculizada por la desaparición de fondos como el FONDEN. Además, la violencia impacta a nivel psicológico y social, generando miedo, zozobra y una percepción de inseguridad que dificulta el desarrollo.

El impacto económico de la violencia en México, según el Instituto para la Economía y la Paz, alcanza el 10% del PIB nacional, lo que equivale a más de cuatro veces la producción anual de Sinaloa.

La violencia no solo se traduce en pérdidas materiales, sino en un retroceso generalizado que afecta a empresas, familias y la estabilidad del estado. El reto para Sinaloa es enorme: reconstruir su tejido social y económico, recuperarse de una crisis que no solo es económica, sino también humanitaria.

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